El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, se refirió ayer en Teruel a la reforma del sistema de financiación autonómica anunciado por el presidente in pectore del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el debate de investidura. Larraz afirmó que desde la DGA siempre se ha planteado que, "cuando se entra en un nuevo modelo de financiación, lo primero que hay que hacer es mantener el estatus de todas las Comunidades para que no resulte doloroso a ninguna".

Además, el consejero señaló que "estamos en disposición de participar en mayor volumen en algunos impuestos en los que ya participamos". En concreto hizo referencia al IRPF o al IVA, en los que Aragón participa entre el 33 y el 35 por ciento y se podría "llegar a participaciones de mayor volumen, incluso hasta el 50 por ciento, de manera que no tuviéramos que complementarnos en volúmenes tan importantes al final de los ejercicios".

Asimismo, Larraz aseguró que se podría "ampliar la capacidad normativa de la Comunidad, lo que nos permitiría ajustarnos un poco mejor a las características específicas de cada una de las Autonomías". En resumen, según el consejero, "es positivo abrir el modelo, trabajarlo un poco más, porque aun siendo un modelo que en principio firmó la Comunidad cuando así se planteó, siendo un modelo suficiente de manera estática, no tiene la suficiente dinámica que nosotros querríamos, lo que se ha puesto de manifiesto en los incrementos de población, que casi siempre afectan a áreas como son la sanidad, la educación o los servicios sociales, que suponen a los gobiernos autónomos más del 50 por ciento de sus gastos".

Sobre la publicación de los balances fiscales, Larraz comentó que "simplemente enriquecerá el debate" y permitirá plantear cuestiones como si "a igual presión fiscal tiene que haber iguales servicios o si debemos sólo ajustar determinados servicios como la Sanidad, Educación o Servicios Sociales o extenderlo a más cosas". La publicación de las balanzas fiscales de todas las Comunidades es una reclamación histórica del nacionalismo catalán. Desde su perspectiva, la divulgación de los datos territorializados de la recaudación y la inversión del Estado ofrecerá una visión nítida del desequilibrio que sufren las regiones más ricas, que son las que, lógicamente, aportan más a la caja común.

La reivindicación nacionalista es que las balanzas fiscales tiendan más al equilibrio, lo que puede representar un problema de solidaridad con las Comunidades cuyas características demográficas y socioeconómicas les sitúan a la cola del ranquin de ingresos pero que también precisan inversiones para su desarrollo.

Una de las quejas más habituales del nacionalismo catalán, a pesar de la posición de privilegio que le concede su nuevo Estatuto de Autonomía, con el que reciben una cantidad mínima de inversiones anuales en relación con su aportación al PIB, es que Cataluña paga mucho más de lo que recibe. Aragón se encuentra entre las Autonomías intermedias, aquellas cuya aportación es similar a la inversión que luego les destina el presupuesto estatal.