La dependencia copa el 30% del presupuesto de Servicios Sociales

Aunque desde los poderes públicos se lanza el mensaje insistente de que el Estado de bienestar no está en peligro y que el gasto social no se verá mermado por la crisis, lo cierto es que la primera medida ya ha saltado a la palestra en forma de recorte de los atrasos de la ley de dependencia. Esta norma, que nació en 2007 como uno de los pilares de las políticas sociales, ha recibido el primer tijeretazo.

Y este se traducirá en que los solicitantes de una ayuda a la dependencia no recibirán la prestación económica correspondiente a los meses que transcurran desde la presentación de la petición y la concesión de la ayuda, como hasta ahora. Eso sí, se establecerá un plazo máximo de seis meses para conceder la prestación.

En la Comunidad, más de 6.000 aragoneses se encuentran en estos momentos pendientes de recibir una prestación o servicio reconocidos en la ley de la dependencia. Es decir, de las 28.174 personas valoradas con dictamen favorable, 21.600 están atendidas ya por el sistema. El Departamento recibe cada mes unas 1.300 peticiones.

Pese a este ajuste, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró en Zaragoza esta semana que esta ley "no se va a paralizar" y que solo sufrirá "un pequeño ajuste" que, según afirmó, permitirá "disponer de más recursos para seguir desarrollándola".

Pero ¿qué supone en Aragón la ley de dependencia? Según consta en los presupuestos de la Comunidad autónoma para este año, el 30% de los fondos del Departamento de Servicios Sociales y Familia se destinan a aplicar la norma. En concreto, de los 356,8 millones de euros totales, 102 se destinan a pagar las prestaciones económicas para la dependencia y las ayudas a domicilio. La tarta presupuestaria de este departamento se reparte también en otros conceptos. Un trozo importante se lo llevan los conciertos para prestar servicios a través de empresas privadas (residencias de ancianos, teleasistencia...). En total, para este fin se dedican este año 66,4 millones de euros.

La Comunidad ofrece en estos momentos 17.500 plazas, de las que 6.328 son públicas (4.500 gestionadas directamente por el Gobierno de Aragón y el resto por ayuntamientos). De estas, 1.700 están concertadas con entidades locales o sociales (sin ánimo de lucro). En un convenio de finales de año, esta última cifra se incrementó en 700 gracias a conciertos con residencias privadas (se paga 1.450 euros por persona atendida cada mes).

Pero para atender a todas estas personas y prestar servicios, se precisa un elevado volumen de personal. Y las cifras así lo reflejan. No en vano, Servicios Sociales es el tercer departamento con más gasto en personal: 97,9 millones de euros. No obstante, es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Familia el que concentra prácticamente el total de empleados con 2.362 de 2.710. A estos, habría que sumar los contratados a través de empresas concertadas. En esta línea, en el área de menores, la atención se presta prácticamente al completo por empresas privadas.

Además de los conciertos, las ayudas económicas y el gasto de personal, los fondos también se dirigen a financiar el funcionamiento de las residencias propias, la ampliación de servicios como la teleasistencia, el desarrollo de los equipos de valoración y las inversiones en nuevos centros.

Pero al contrario que la sanidad y la educación, la prestación de los servicios sociales no solo depende de la administración autonómica. Las comarcas y los ayuntamientos también destinan una cantidad ingente de dinero a asistir a la población más necesitada y dependiente. De hecho, las demarcaciones tienen transferidas las competencias para ofrecer un servicio más cercano al ciudadano. En total, según fuentes sindicales, los ciudadanos tendrían a su disposición a unas 4.000 personas (sumando el personal de todas las administraciones) en este sector: asistentas sociales, educadores, auxiliares de enfermería, de ayuda a domicilio...

Con este panorama y con la demanda cada vez más creciente -especialmente por la crisis-, asociaciones de mayores, de dependientes y sindicatos coinciden en afirmar tajantemente que el gasto social no admite más recortes porque está ya "al límite".

Caída del 20% en subvenciones

El vicepresidente de Feaps, José María López, recalcó que los servicios básicos "ya están muy ajustados con precios de 2008". Además, reiteró que en el sector hay sueldos mileuristas y detalló que concertar una plaza con el sector privado le cuesta a la administración menos de la mitad de lo que le supondría gestionarla directamente. López recordó también que ha habido recortes más allá del propuesto por Rodríguez Zapatero, porque la DGA ha reducido en torno a un 20% las subvenciones para actividades en el sector.

También el presidente del Consejo Aragonés de las Personas Mayores, Jesús Giménez, advirtió de la preocupación que se ha generado con los ajustes en la ley de dependencia, que se suma a la congelación de las pensiones: "Tocan al colectivo mayoritario y el que menos protesta, que es de los mayores", lamentó.

Enrique Gracia de CC. OO. también informó de las protestas de las ONG y asociaciones porque las ayudas de urgente necesidad se han disparado "y no hay recursos", lo que ha generado "un agujero económico". "Está todo tan ajustado que es imposible recortar más", afirmó Gracia, en referencia a programas de dependencia, de violencia de género, de inmigración o drogadicción.

Daniel Alastuey, de UGT, coincidió en que la ley de dependencia necesita "más desarrollo y no un freno" y reiteró que los precios son ya "irreductibles". Además, alertó de que más ajustes supondrían "empeorar el servicio y destruir empleo". A todo esto hay que unir la supresión del cheque-bebé, que en Aragón supone 32 millones.