En la pugna por la futura ubicación de Gran Scala, La Almolda intenta igualar sus fuerzas frente al municipio de Ontiñena (Bajo Cinca) y para ello, el Ayuntamiento de la localidad monegrina ha decidido confeccionar una oferta conjunta de venta de terrenos y retomar las conversaciones con el Gobierno de Aragón.

El consistorio iniciará de "forma inmediata" una nueva ronda de contactos con los propietarios de terrenos susceptibles de albergar el complejo y en la mayoría de los casos, tratará de "ratificar la disponibilidad de venta que un alto porcentaje de los implicados ya manifestaron en la fase inicial de las negociaciones", según explicaron ayer diversas fuentes consultadas. Tras reunir esta documentación, los representantes del Ayuntamiento volverán a trasladarse a la DGA con el objetivo de centrar el interés del consorcio promotor en La Almolda.

Una maniobra muy similar a la desarrollada desde el Ayuntamiento de la localidad de Ontiñena, en la que el compromiso de venta ha sido ya suscrito por un número de propietarios equivalente a alrededor de 2.900 hectáreas. Precisamente, la posible materialización de estos acuerdos y el ejemplo de esta localidad del Bajo Cinca, ha provocado que un grupo de propietarios de La Almolda, que suman un total de 1.220 hectáreas, trasladaran ayer al Ayuntamiento monegrino un manifiesto conjunto de apoyo al complejo, según apuntan los propios autores del texto remitido.

En el documento, que fue enviado por correo electrónico, exponen su conformidad con la venta de sus fincas y además, solicitan al Consistorio que de forma "urgente" convoque a todos los propietarios "con el fin de plasmar una oferta conjunta de venta". En este sentido, el edil independiente del Ayuntamiento de La Almolda, Pedro Olona, que mantuvo ayer un encuentro con la alcaldesa de la localidad, Ángela Labarta, explica que este manifiesto ratifica la postura del consistorio y que hay una clara predisposición a "luchar por la instalación de Gran Scala dentro del municipio".

Por otra parte, los propietarios firmantes del texto enumeran algunos de los beneficios que desde su punto de vista traería la instalación del complejo. Aseguran que La Almolda está "ante una oportunidad única e histórica que modificaría la trayectoria de su desarrollo y proyección" y recuerdan "el incremento de ingresos por beneficios fiscales y licencias de obras", además de señalar "la revalorización de los terrenos colindantes y la creación de nuevos servicios y negocios".

Del mismo modo, el manifiesto hace referencia al papel del Ayuntamiento de La Almolda y en este sentido, insiste en que el ente municipal "no puede quedarse indiferente ante los últimos acontecimientos" e insta a la Corporación a que retome "de forma inmediata el liderazgo que le corresponde como representante del interés general del municipio".

En opinión de los firmantes, no se debe dilatar la presentación de esta "alternativa de terrenos" ante la DGA y los representantes de International Leisure Development (ILD), el consorcio promotor del complejo, con el objetivo de "llevar a buen fin este proyecto en el municipio de La Almolda".

Además, recuerdan que otras localidades tienen una postura unánime frente a la llegada de Gran Scala y, al mismo tiempo, muestran su "sorpresa ante la falta de iniciativa y ambigüedad del Ayuntamiento". Aunque aseguran "comprender" que existan dudas ante "el miedo que supone una transformación como la que conlleva este complejo".

Adhesión mayoritaria

Además de la clara postura manifestada por este grupo de propietarios, Olona asegura que existe un numeroso grupo de pequeños agricultores dispuestos a vender sus tierras y que en su conjunto, "se podría hablar de que un 80% de los implicados están a favor de las condiciones y del proyecto".

ILD ofrece un total de 9.000 euros por hectárea de cultivo y 6.000 por la de erial. La mayor fuente de debate dentro del municipio se produjo al conocerse la opción de compra redactada por el consorcio promotor. En ella, ILD ofrecía a los propietarios de terrenos la cantidad equivalente al 5% del valor de sus fincas, es decir, 450 o 300 euros por hectárea, según los casos, a cambio de obtener los derechos de sus tierras.

Además, señalaba que los propietarios firmantes estarían obligados a devolver este 'anticipo' en el caso de darse la imposibilidad de reunir al menos 2.500 hectáreas, cuando existieran condicionantes físicos que impidiesen la construcción del proyecto o en el caso de que "hubiere transcurrido un año desde la firma del contrato y no se hubiese tenido lugar la aprobación de la normativa que permita el desarrollo del mismo".

Respecto a estas condiciones, Olona insiste en que "aquí lo único que hace falta es que los promotores lleguen con el dinero y el notario, ya que más allá de las condiciones o el precio eso fue lo que faltó durante la anterior negociación".