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Aragón

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Iglesias vende el pago de la deuda tributaria como una contrapartida a la financiación

El PAR recuerda que ambas cuestiones son "conflictos diferentes" y sigue reivindicando compensaciones por el modelo aprobado.

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, vendió ayer las mermas tributarias como una compensación del nuevo modelo de financiación autonómico. A una pregunta sobre las contrapartidas que exige el PAR para equilibrar un sistema, que -a juicio de los aragonesistas- perjudica al territorio, el presidente respondió con que se está negociando cerrar el conflicto de la deuda tributaria.

Y también para calmar los ánimos de su socio, que ha criticado su falta de participación en las conversaciones sobre la financiación, aseguró que todavía quedan algunos flecos por cerrar en los que la participación de los aragonesistas "será importante y creo que satisfactoria".

Pero, además, se mostró convencido de que que el PAR cambiará su posición contraria. "Conforme vayamos explicando bien el nuevo sistema y los acuerdos que hemos hecho en la negociación, estoy convencido de que también el PAR lo entenderá", argumentó Iglesias, que volvió a defender que el nuevo modelo "ha salido bien para Aragón" , pese a que la negociación se ha llevado a cabo en "un contexto de cierta complejidad".

"Justificamos al PAR"

Insistió en que actualmente "estamos en un momento de explicar, de analizar y de sacar conclusiones del nuevo sistema", pese a que el modelo ya se ha cerrado entre otros, por el apoyo del PSOE aragonés. Respecto a la posición de su socio, Iglesias vio "lógico que el PAR sea un partido reivindicativo". "Lo entendemos perfectamente y no solo lo entendemos, sino que lo justificamos", aseguró en un tono conciliador.

El presidente también dejó claro que el acuerdo del pago de las mermas tributarias se hará con activos y "no incluirá dinero". "Los activos son valorables", subrayó. En concreto, el acuerdo político que hay entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico incluye los edificios que el Estado tiene en Ranillas (suponen unos 500 millones) y algunos otros en el territorio aragonés (estos están sin concretar), pero nada en metálico pese a que permite mayor libertad para invertir. "Creo que lo que vamos a recibir tiene un valor muy importante", declaró Iglesias, que finalmente comparecerá en un pleno extraordinario en las Cortes para explicar el nuevo modelo de financiación en los próximos días.

No obstante, estas respuestas no contentaron al PAR, que advirtió de que el sistema de financiación y el abono de las mermas "son conflictos diferentes". "No pueden considerarse como una compensación, porque es pagar lo que se debe", recalcó el portavoz parlamentario del PAR, Javier Allué, que avisó de que no se puede considerar una contrapartida a lo que Aragón recibirá con el acuerdo de financiación.

Los aragonesistas volvieron a reiterar que debe equilibrarse con alternativas que incluye el Estatuto, como la posibilidad de ejecutar por la Comunidad Autónoma obras de infraestructuras y de medio ambiente consideradas de interés general y financiadas por el Estado. Un modelo que se está utilizando, por ejemplo, en el País Vasco con el AVE.

Respecto a las mermas, el PAR manifestó su voluntad de llegar a un acuerdo cuanto antes y extra judicial, puesto que el conflicto se encuentra en los tribunales actualmente. Además, se mostró dispuesto a cobrar en especie, aunque matizó que debe ampliarse más allá de los edificios de la Expo.

CHA acudirá al Justicia

Por otra parte, las reacciones políticas sobre el modelo de financiación autonómica acordado ayer en Madrid continuaron sucediéndose. Pero no se quedaron en meras declaraciones. CHA anunció ayer que llevará el acuerdo ante el Justicia de Aragón para que este determine si el convenio se encuentra dentro del marco constitucional, o si, por el contrario, vulnera el Estatuto de Autonomía que es "bloque de constitucionalidad".

El secretario general de CHA, Juan Martín, explicó que si esta institución considera que puede ir en contra de la norma autonómica, entonces el partido lo llevará al Tribunal Constitucional a través del Justicia. Martín argumentó que el acuerdo no cumple los preceptos establecidos en el Estatuto, "ni respeta las peculiaridades de Aragón, ni el acuerdo bilateral" que en materia de financiación el Ejecutivo tiene que alcanzar con Madrid.

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