Huesca

¿Cuándo se cobran o no los rescates?

A diferencia de otras Comunidad Autónomas, Aragón no ha desarrollado un decreto de tasas en los rescates

Dos campistas esperan a ser rescatados colgados de un árbol sobre el río Bergantes, en Aguaviva.
La Comarca

Los dos vecinos de Andorra que tuvieron que ser rescatados el pasado sábado en el Bergantes a su paso por Aguaviva al volcar la barca en la que descendían en plena riada, con una alerta meteorológica máxima por lluvias,  tendrán que correr con los gastos del dispositivo desplegado por los bomberos para sacarlos del cauce. Esto se produce porque las intervenciones de este cuerpo están sujetas a unas tasas en todas sus salidas. 

Esto no les ocurriría si el rescate se hubiera producido, por ejemplo, en los Pirineos. Curiosamente, dos montañeros de la misma localidad fueron auxiliados por la Guardia Civil de Montaña en Hecho en enero de 2017 y no afrontaron ningún cargo. En este caso resbalaron por un corredor de nieve helado, una operación de salvamento en la que intervino un helicóptero de Logroño y que se prolongó casi diez horas.

La diferencia es que los rescates en la montaña los realizada la Guardia Civil, que presta el servicio de forma gratuita, incluido el helicóptero. Y esto es aplicable a los cinco grupos desplegados en la provincia de Huesca (Jaca, Panticosa, Boltaña, Benasque y Huesca), el de Zaragoza (Tarazona) o el de Teruel (Mora de Rubielos). En el caso del Bergantes corrió a cargo de un cuerpo de bomberos, que tiene una tarifa diferente dependiendo del suceso al que tenga que acudir. 

La única cantidad que se carga en el rescate en montaña es una tasa del Gobierno de Aragón, de algo más de 1.000 euros, por la atención sanitaria (un médico o un enfermero acompaña siempre a los socorristas), pero solo se pasa factura a aquellas personas que tienen una cobertura de seguro de una federación o un club.

A diferencia de otras comunidades autónomas, Aragón no ha regulado un decreto que permita aplicar una tasa por un rescate cuando se demuestra una acción imprudente por parte de la víctima. En todo caso, esa normativa es poco efectiva, sobre todo por la dificultad de probar cuándo hay una imprudencia y cuándo no. Prueba de ello es que Cataluña, pionera en las leyes de tasas para intentar frenar las actitudes negligentes, solo ha facturado seis desde 2009, mientras ha visto cómo se duplicaba el número de intervenciones de sus bomberos (de 855 a 1.448). El País Vasco, otra de las Comunidades que apostó por el cobro, ha generado 15 expedientes en seis años, y solo en 2017 realizó 341 actuaciones. Y en Castilla-León, región montañera por excelencia, existe una normativa que no ha sido aplicada nunca.

En Asturias se desató una amplia polémica por los casi 6.000 euros facturados a un escalador lesionado en el Naranjo de Bulnes. Este recurrió y un juzgado contencioso-administrativo de Asturias, en una sentencia reciente, ha avalado el cobro del rescate con el argumento de que “la prestación de un servicio público puede llevar aparejado el cobro de una tasa” en una práctica deportiva de la escalada porque “se trata de una actividad de riesgo que puede propiciar una situación necesitada de intervención”. En este caso es la Comunidad, a través del servicio de bomberos, el que aplicó la tasa. El coste del personal de intervención ascendió a 81,78 euros, y el de los medios técnicos y el helicóptero medicalizado, a 5.879.

La diferencia con Aragón es que aquí los rescates los realiza la Guardia Civil, merced a un convenio entre el Ministerio del Interior y el Gobierno autonómico, que no cobra por su auxilio en montaña igual que no lo hace cuando interviene en un accidente.

No hay datos precisos de lo que cuestan los accidentes de montaña en Aragón, pero un estudio dirigido por la médico y profesora María Antonia Nerín hizo un cálculo a la baja de 55 millones de euros, una cifra que va mucho más allá de las horas de vuelo de un helicóptero. La investigación, realizada junto a otros especialistas, incluía un caso práctico de un accidentado en Canfranc, con fractura de pelvis y de una vértebra lumbar. El socorro medicalizado se calculó en 15.897 euros, pero la baja laboral, intervenciones quirúrgicas, días de hospitalización, rehabilitación y sustitución en su puesto de trabajo ascendieron a 225.737 euros.

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