Villanueva de Sijena solicita una euro-orden contra el exconsejero de cultura Lluis Puig Gordi

El abogado del Consistorio oscense, Jorge Español, ha explicado que Puig Gordi se encuentra en la capital belga a causa de la denuncia presentada por este Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo contra este consejero.

Una colección expuesta en Lérida. Los bienes de Sijena retenidos por la Generalitat forman parte de la colección del Museo de Lérida, como los sarcófagos policromados de prioras del monasterio, en la fotografía.
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Patricia Puértolas

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que emita una euro-orden de detención y entrega contra el exconsejero de cultura de la Generalitat Lluis Puig Gordi, que se encuentra en Bruselas (Bélgica).

El abogado del Consistorio oscense, Jorge Español, ha explicado que Puig Gordi se encuentra en la capital belga junto al cesado presidente catalán, Carles Puigdemont a causa de la denuncia presentada por este Ayuntamiento ante dicho alto tribunal contra este consejero y contra su antecesor en el cargo Santi Vila.

La denuncia contra ambos era por los presuntos delitos de apropiación indebida, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación, que trae causa de la constante rebeldía de ambos consejeros a cumplir los mandatos de la Magistrada-Juez del Juzgado nº 1 de Huesca. La magistrada declaró nulas de pleno derecho y anuló las ventas del tesoro artístico del Real Monasterio de Sijena ordenando a ambos consejeros que devolvieran esos bienes artísticos al Real Monasterio de Sijena (Huesca).

Según Español, la estrategia de estos consejeros, 'prima facie' y saldo de lo que resulte de la investigación judicial, forma parte supuestamente del plan oculto para independizar Cataluña de España, habiéndose elegido al eslabón más débil de la organización judicial, un juzgado de primera instancia de una pequeña capital de provincia, como ensayo para mostrar que Cataluña no obedecerá los mandatos de las autoridades judiciales españolas que no convengan a los intereses nacionales de Cataluña.

Todo ello mostraría, explica el letrado, que si se consiguiese la independencia, ni las órdenes de la jueza de Huesca ni tampoco los del Tribunal Constitucional podrían tener efecto jurídico alguno en la Generalitat si Cataluña se independizara, pues, un Estado no puede juzgar a otro.

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