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Huesca

Montanuy ha perdido un 30% de población en los 10 años de trámites para la ampliar Cerler

Entre los 17 pueblos apenas suman 200 vecinos censados, pero viviendo no hay más de cien. El arquitecto del PGOU defiende la sostenibilidad del proyecto, pese a la sentencia del Supremo.

La alcaldesa, Esther Cereza, con Ramón Solana, uno de los arquitectos redactores del plan.
Montanuy solo tramitará otro PGOU si el Gobierno le garantiza la ampliación de Cerler
R. Gobantes

Edificios firmados por el arquitecto Norman Foster, una inversión prevista de 400 millones de euros, formar parte del uno de los mayores dominio esquiable de Europa... Como si fuera un castillo de naipes, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy, con 4.545 nuevas viviendas ligadas a la ampliación de la estación de Cerler, se ha desmoronado por culpa de la crisis y de las sentencias. La última, del Tribunal Supremo, se conoció el lunes y sirvió para confirmar la nulidad de ese plan diseñado para poder extender las pistas de esquí hacia el valle de Castanesa.

Los vecinos vendieron sus tierras a Aramón por 20,5 millones de euros y el Ayuntamiento recalificó 50 hectáreas que ahora vuelven a ser suelo rústico. No solo se han frustrado expectativas empresariales, también la ilusión de un municipio al borde del abismo poblacional que vio en la nieve su única salida. "Esto es una zona muerta entre Cerler, las pistas del valle de Boí y las del valle de Arán", señala una vecina del pueblo de Castanesa.

Y pese a todas las esperanzas puestas en el PGOU, en los diez años transcurridos, Montanuy ha perdido casi un 30% de su población. En 2006, cuando arrancó, tenía 311 habitantes censados. Desde entonces, el goteo no ha parado: 296 en 2009, 265 en 2012, o 221 en 2015. Su caso no es único en Aragón pero sí singular, sobre todo por que esos pocos habitantes están diseminados en 17 pueblos separados en dos valles (el de Balira o Castanesa y el de Noguera-Ribagorzana), con una altitud media de 1.205 metros, algunos distantes 40 km, y sin un núcleo de referencia. Ni siquiera el ayuntamiento y las escuelas están en una localidad sino que se sitúan en el cruce de dos carreteras nacionales, en Casa d’Arro.

El arquitecto Ramón Solana, coautor del plan, sigue defendiendo su sostenibilidad, pese a la nulidad judicial por no contar con un estudio de impacto. De haberse sometido al trámite ambiental (el Inaga no lo creyó necesario), asegura que lo habría superado. "Lo repetiría con la misma filosofía: un núcleo de servicios en el fondo del valle, en Casa d’Arro, donde iban el 70% de las viviendas. El resto, repartidas entre los 17 pueblos, en pequeños desarrollos". Este crecimiento era necesario, dice, "porque falta músculo de población y las pistas de esquí eran una oportunidad, un motor". Ahora, habrá que reestudiarlo todo, "lo cual no quiere decir que el planteamiento no fuera el correcto".

El censo es de 221 habitantes, pero "si hoy vamos a los 17 pueblos, no encontramos ni cien", asegura la alcaldesa, el 75% de más de 65 años. "Llegará un día que desapareceremos, tendrán que venir los ecologistas a cuidar el mundo rural", añade Esther Cereza (PSOE). En algunos núcleos del valle de Castanesa, casi no vive nadie en invierno.

"Diez años es mucho tiempo con una expectativa que no se cumple para un territorio tan despoblado y envejecido", señala el sociólogo David Baringo, que investigó el caso en los 90. "Los vecinos consideraron que la nieve era una salida, y hay que respetarlo, aunque no ha salido bien". Él era más partidario de "microactuaciones" para retener a la población, sobre todo a las mujeres, apoyando a personas que, aunque vivieran fuera, estaban vinculadas al territorio y podían volver. Todavía cree que siendo "una zona periférica de Aragón" tiene una posición estratégica, entre Francia y España, con el valle de Arán como vecino, que debería aprovechar.

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