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Huesca

El Supremo confirma la anulación del PGOU de Montanuy y bloquea la ampliación de Cerler

Tilda de "gratuita" la decisión de la DGA de obviar la evaluación ambiental pese al impacto de levantar 2.545 pisos. El desarrollo urbanístico debía costear la expansión de la estación de Cerler y la sentencia afecta a las cuentas de Aramón.

La edil de Montanuy, Laura Vigo, señala la zona que se quería urbanizar, con Castanesa al fondo.
La edil de Montanuy, Laura Vigo, señala la zona que se quería urbanizar, con Castanesa al fondo.
J. B./Heraldo

El Tribunal Supremo acaba de confirmar la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy, que recogía el desarrollo y recalificación de 180 hectáreas para financiar la ampliación de la estación de Cerler por Castanesa. La sentencia, que es firme, ratifica la dictada hace dos años por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y califica de "gratuita" la decisión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga)de obviar la preceptiva evaluación ambiental con el argumento de que era "inviable" dado el "avanzado estado de tramitación" del PGOU en su momento. "El tribunal sentenciador se carga de razón [...] para evidenciar la completa falta de justificación de esa decisión gratuita de la Administración ambiental", añade.

El fallo desestima por completos los recursos de casación del Ayuntamiento de Montanuy, Castanesa Nieve (Aramón) y el Gobierno de Aragón, lo que supone un varapalo a los planes de ampliación de la estación de Cerler. De hecho, el grupo aragonés de la nieve se gastó 20,9 millones de euros en la adquisición de los suelos necesarios para financiar la operación con las plusvalías generadas por el desarrollo urbanístico de 2.545 viviendas y de los usos hoteleros previstos. En concreto, adquirió 180,2 hectáreas en el municipio, de las cuales 44,3 era suelos recalificados.

Ahora, los suelos ya no valen lo mismo y se debería comenzar de nuevo la tramitación del Plan General de Montanuy, sometiéndolo a una evaluación ambiental que podría afectar a los términos previstos de la expansión urbanística. Además, está por ver si la corporación municipal está dispuesta a hacerlo, por lo que el futuro de la millonaria ampliación de la estación de Cerler por Castanesa queda aún más en entredicho.

Además, el Tribunal Supremo recoge uno de los fundamentos jurídicos de la sentencia del TSJA, en el que ya se señalaba la "alta calidad ambiental del municipio", la elevada superficie del mismo incluido como espacio protegido y "el gran impacto sobre el territorio en atención a las actuaciones proyectadas". Y censura que pese a las "graves afecciones", el plan no contaba "con un mínimo estudio de impacto ambiental", lo que da la razón a la asociación Naturaleza Rural-Asociación de Propietarios y Vecinos del Valle de Castanesa que emprendió la batalla legal.

La causa "determinante" de la "nulidad radical" del Plan General de Montanuy es que el Inaga no motivó ni justificó la inviabilidad de someterlo a evaluación ambiental. Así, el Alto Tribunal redunda en lo ya sostenido por el TSJA: la aprobación definitiva se efectuó con posterioridad al 21 de julio de 2006, cuando ya estaba en vigor la transposición de la directiva europea que obliga a una evaluación ambiental estratégica de determinados planes y programas en el medio ambiente.

La tesis sostenida en su día por el Inaga y por los recursos ahora rechazados es que el documento se encargó con antelación a esta normativa, pero la sentencia sostiene de nuevo que ni tan siquiera se había procedido a la aprobación provisional del PGOU cuando se descartó someterlo a evaluación ambiental. En este punto, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo es tajante: "El retraso que la evaluación ambiental pueda conllevar ni los intereses públicos vinculados a la aprobación de cualquier plan son justificación para eludir el trámite de evaluación ambiental impuesto en la ley".

Por si fuera poco, argumenta la numerosa jurisprudencia al respecto y enumera seis sentencias dictadas con idénticos argumentos por la misma sala y sección del Alto Tribunal en los dos últimos años.

Desde el Gobierno de Aragón no se quiso entrar a valorar la sentencia a la espera de analizarla en profundidad, ya que se notificó ayer a las partes. Tampoco se pudo contactar con la alcaldesa de Montanuy, la socialista Ester Cereza, pese a los reiterados intentos de este diario.

Fuentes cercanas a Aramón evidenciaron el impacto económico millonario que tiene la sentencia sobre las cuentas del grupo, participado a partes iguales por la DGA e Ibercaja. El holding de la nieve contaba con las plusvalías para ajustar su cuenta de resultados, por lo que ahora tendrá que provisionar el dinero ante la caída de valoración del suelo.

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