El PSOE, PP y PAR mostraron ayer su oposición frontal a la supresión de las diputaciones contemplada en el pacto firmado por Pedro Sánchez con Ciudadanos. Los tres grupos de la Diputación de Huesca salieron en defensa de las corporaciones provinciales, coincidiendo en que sin ellas no sobrevivirían los pequeños ayuntamientos ni se garantizarían a los habitantes del medio rural los servicios básicos de los que disfrutan las ciudades. Veinticuatro de los 25 miembros (todos excepto el diputado de Cambiar, que votó en contra) respaldaron una moción conjunta que apuesta por actual modelo de organización territorial de Aragón, con municipios, comarcas y provincias, "imprescindible" en una Comunidad caracterizada por la dispersión, la despoblación y el envejecimiento.

La mayor parte de los 66,5 millones de presupuesto de la Diputación repercute en los municipios, a través de subvenciones, inversiones en infraestructuras e incluso ayudas para cubrir gastos ordinarios, como los planes de concertación, con los que se paga la factura eléctrica o se contrata personal. En el caso de Huesca, 186 de los 202 municipios tienen menos de 5.000 habitantes y sus ayuntamientos no disponen de recursos para contar con asesores legales o urbanistas ni para costear actividades culturales.

En este sentido, la moción aprobada ayer propone una reforma de la Ley de Haciendas Locales que las dote de una financiación suficiente y estable, y la reforma de las competencias en los ámbitos municipal y supramunicipal para favorecer su modernización.

El portavoz socialista, José Luis Gállego, no entiende que solo se ataque a la administración local, la más cercana, y dijo que quizá haya que empezar a ordenar la estructura del Estado desde arriba. "Diputaciones, comarcas y ayuntamientos son fundamentales para el territorio", aunque es partidario de modernizarlas y adaptarlas a la realidad del país.

El portavoz del PP no escatimó críticas a los líderes nacionales del PSOE y Ciudadanos por su propuesta sobre las diputaciones, ni a Lambán, que consideró las comarcas un modelo fracasado. Ambas son, en opinión de José Antonio Lagüens, "un ataque al medio rural". La deuda de las 38 diputaciones españolas no llega al 0,3% del PIB, dijo, por lo que se preguntó si a la hora de optimizar la administración, "es necesario empezar por aquí". Hizo su defensa con tres noes y un sí. "No a la supresión exprés de las diputaciones, no a la supresión de las comarcas mediante la asfixia económica con un recorte de 11,5 millones y no a perder diputados en el parlamento nacional. Y un sí a una revisión de las competencias para ser más eficaces".

El PAR puso ejemplos de los servicios prestados por las entidades locales. "Hablamos de la vida de las personas en el Alto Aragón y Aragón. Hablamos de quién recoge la basura; de quién se ocupa de que haya agua en los grifos o en las fuentes; de quién me auxilia cuando estoy solo y la edad no me permite siquiera hacerme la comida; de quién mantiene la escuela infantil o la guardería; de quién apoya al ayuntamiento para que mantenga abierto el telecentro y un largo etcétera de servicios", manifestó su portavoz, Joaquín Serrano.

La nota discrepante la puso Luis Arduña, de Cambiar Huesca. Justificó su voto en contra porque son instituciones "obsoletas y anacrónicas que hay que replantearse", y más en Aragón, añadió, donde las comarcas suponen una estructura intermedia. El diputado reconoció que la de Huesca funciona "razonablemente bien", pero lo que está en cuestión es la arquitectura institucional del Estado. Dijo además estar en desacuerdo con la elección indirecta (a través de los concejales y no de las urnas) "de los que estamos aquí".

En el pleno tomó posesión la diputada Obdulia Gracia, en sustitución de Ana Alós. Además, se aprobaron otras dos mociones para instar a la DGA a que convoque las ayudas a las razas autóctonas de ganado, y a la recuperación del legado de Costa.