Los propietarios de las 1.382 hectáreas inundadas por el embalse de Almudévar ya saben cuánto dinero cobrarán por la ocupación de los terrenos. Sin embargo, el plan de restitución para compensar a los municipios afectados, a través de la creación de una zona de regadío y de inversiones relacionadas con el agua, continúa sin concretarse.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) cumplió con lo prometido y ayer dio explicaciones en una asamblea informativa, en el centro cultural de Almudévar, a la que asistieron buena parte de los 250 propietarios. Acudieron la secretaria general del organismo, Lola Pascual, y la jefa de Expropiaciones, Pilar Martínez, acompañadas de tres peritos, quienes informaron de las valoraciones de las fincas.

Por cada hectárea de secano (más del 90 por ciento) se pagarán 20.000 euros, más el importe de la cosecha y un 5% de premio de afección, en total, 21.500 euros. En el caso de fincas con arbolado, construcciones rústicas o acequias, la valoración se realizará sobre el terreno. Para el pastizal y el erial, el precio es de 1.295 €; 431 euros para el suelo improductivo; y 1,3 € por metro cuadrado de camino. El importe es superior al precio de mercado, aunque un 20% se irá en pagar impuestos. El presupuesto para afrontar las expropiaciones e indemnizaciones por las obras se ha estimado en 37.700.700 euros. El 74,2% están en Almudévar, y el 24,5 % en Huesca (en este caso prácticamente en manos de un único propietario). El resto, el 1,3%, se reparten entre Vicién, Tardienta y Sangarrén. Este año se podrá cosechar lo que ahora se está sembrando.Ocupación en febrero o marzo

Para la ocupación habrá que esperar a la aprobación del proyecto y a la declaración de urgencia, pero Pilar Martínez calculó que las actas se podrán empezar a firmas en febrero o marzo. Este calendario plantea dudas respecto a la promesa del Ministerio de poner a trabajar a las máquinas antes de que acabe el año, aunque la cuestión seguramente se podría resolver con un inicio de obras simbólico antes de las elecciones generales.

La jefa de Expropiaciones informó del procedimiento a los afectados y garantizó que habrá un trato personalizado. Los técnicos se desplazarán a Almudévar, donde abrirán una oficina en el ayuntamiento. Según aclararon, podrán pedir la expropiación total aquellos agricultores a los que se ocupe parte de una parcela y se les deje una superficie que no sea rentable por si sola.

Desde el público algún afectado se quejó del escaso plazo de tiempo para hacer las alegaciones, 20 días, que además concluyen hoy, y reprochó que la reunión informativa se haya celebrado justo un día antes. También hubo preguntas sobre cuestiones relacionadas con el proyecto, como su declaración de interés general o el plan de seguridad respecto a las zonas inundadas en caso de rotura de la presa. Pero la delegación de la CHE dijo que solo estaba allí para hablar de expropiaciones. La secretaria general sí garantizó que los trámites han cumplido con las condiciones legales y ha habido periodos de información pública para alegar contra la obra, incluido este último.

"Las expropiaciones son importantes, pero aquí no se acaba, este es un camino largo", comentó el alcalde, Antonio Labarta, recordando que la segunda parte, la restitución al municipio, está todavía en el aire. Insistió en que Almudévar apoya la obra, "pero no que se haga de cualquier manera". "Estamos a favor, pero también podemos estar en contra", puntualizó. Se reclama una nueva zona de regadío de 2.500 hectáreas, así como mejoras en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.La rotura de los diques

De momento, el Ayuntamiento ha redactado un escrito de alegaciones solicitando al Ministerio que complete el proyecto con el plan de restitución y el plan de emergencias del embalse de 169 hectómetros cúbicos, así como la documentación relativa a los planes de inundación por rotura de los diques. Estas cuestiones también figuran en las alegaciones de más de un centenar de vecinos de Almudévar y otros núcleos vecinos, como San Jorge o Artasona. En la zona se ha creado una cierta alarma al difundirse detalles del Estudio de Zonificación de la Rotura Potencial, que afectarían a esos núcleos de población y llegarían "hasta el Actur".

El alcalde explicó en la reunión informativa que el plan de emergencia se puede elaborar más adelante. Según recordó, el embalse está fuera de cauce y se llena por bombeo desde el canal de Monegros, es decir, no habría riesgo de rotura del dique en caso de una riada. "Preocupación, sí, alarma social, no", señaló. El concejal de CHA, Juan Carlos Jiménez, manifestó que hay "una gran inquietud"al respecto.

Otras alegaciones plantean las dudas de los firmantes por la diferencia existente entre el precio de licitación, 172 millones de euros, y el de adjudicación, 109, y porque la rebaja afecte a la ejecución de las obras y "a la calidad y seguridad de la infraestructura".