El valle del Aragón teme los efectos negativos del impuesto que gravará las pistas de esquí

Las estaciones invernales encaran este año la temporada con una preocupación añadida: la recuperación del conocido como ‘impuesto del cable’, que grava los telesillas y telearrastres. La medida del Gobierno de Aragón, incorporada en el nuevo paquete fiscal, es rechazada frontalmente por los empresarios pero también por los alcaldes, incluidos los socialistas. Y es que además de suponer unos 300.000 euros al año para cada una de las estaciones (se calcula una recaudación de 1,5 millones) tendrá efectos indirectos en todo el sector del turismo de nieve.

Aragón es el único lugar, en España y en todo el mundo, afirman desde las estaciones, donde se aplica el denominado impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable. Nació en 2006 y fue derogado por Luisa Fernanda Rudi en 2012 para ayudar a capear la crisis. Lambán lo ha recuperado justificando que las empresas deben asumir un coste al emplear tendidos de cable "que dañan al medio ambiente", perturban el paisaje y perjudican a la flora y la fauna.

Las reacciones no se han hecho esperar. Ayer, en un comunicado conjunto, los trabajadores y la dirección de Astún lo tacharon de "injusto" al exigir un esfuerzo tributario "a quienes no están obteniendo beneficios de su actividad", dados los números rojos de las empresas. Advierten de que generará una pérdida de competitividad frente a otras comunidades en las que no existe y una subida de precios que acabará repercutiendo en todos los negocios de los valles. Por eso, piden al Gobierno y a los grupos parlamentarios que abandonen la idea, "dadas las nefastas consecuencias que produciría, en un escenario de grave crisis de las empresas del sector".

Candanchú, la otra estación privada del valle del Aragón, esperará para dar su opinión al viernes, cuando se reúna su consejo de administración. Aramón (formada por la DGA e Ibercaja) prefiere no pronunciarse. Cada estación pagaría en función del número y tipo de instalaciones y de los kilómetros. Esto obligaría a algunas a reducir su superficie esquiable, pues a partir de 40 km se multiplica la cuota.

Eduardo Roldán, un referente de la nieve en Aragón, dice que el gravamen solo servirá "para complicar más la vida a un sector que ha sufrido los efectos de la crisis económica y ahora se trata de que se recupere". La iniciativa "duele", añadió el exdirector y accionista de Candanchú, quien aún confía en que los políticos reflexionen "y no lo lleven a efecto", porque "mal que bien, se repercutirá en los precios a los clientes". En referencia a la prevista entrada de nuevos accionistas en Explotaciones Turísticas de Candanchú SA (Etuksa) para reflotar el centro invernal, Roldán señaló que el impuesto "no es una buena noticia" para la operación, como tampoco lo es para el resto de estaciones, en un momento en el que todas tienen desequilibrios económicos. "Haría un voto para que los políticos se lo piensen, porque no solo afecta a las empresas, afecta a valles, a familias, a negocios auxiliares...", concluyó Roldán.

De momento, el Partido Popular ha anunciado una propuesta de resolución en la Diputación Provincial de Huesca para rechazar el impuesto, que, según aseguró su portavoz, Ana Alós, puede gravar a las estaciones, tanto públicas como privadas, "con cantidades que en muchos casos pueden coincidir con sus beneficios anuales". El PP está negociando un acuerdo con PSOE y PAR, pues Cambiar Huesca ya ha anunciado que apoya el tributo.

Ya se ha pronunciado abiertamente en contra el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, que advierte de las "dramáticas consecuencias". Espera que se pueda negociar para frenarlo porque "poner un impuesto a empresas que pierden dinero puede llevarlas al cierre, con las consecuencias que esto tiene para todos los negocios del valle". Lo mismo piensan los empresarios de la Jacetania. La nieve, afirman, es un motor para Huesca, como la Opel en Zaragoza o la central térmica en Teruel. Su presidente, Pedro Marco, aseguró ayer que "el sector no está en condiciones de soportar esa carga impositiva", que además no ofrece contrapartidas y que "cuando estuvo en vigor no revirtió" en inversiones en el valle del Aragón, aclaró.