Astún insiste en la vía mercantil para juzgar la denuncia millonaria contra Aramón

Astún insiste en que debe ser un juzgado mercantil el que investigue la demanda millonaria que interpuso contra Aramón por competencia desleal, abuso de posición dominante y por la percepción de cuantiosas ayudas que estima «ilegales». Eivasa, empresa que gestiona la estación, presentó el miércoles un recurso en la Audiencia de Zaragoza contra el fallo del Juzgado Mercantil nº1 de la capital aragonesa que se declaraba incompetente en el litigio y lo remitía a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Eivasa considera que los temas que se abordan en la demanda (pide una indemnización de 6,2 millones por daños y perjuicios derivados de la competencia desleal) «son de la jurisdicción mercantil española y, además, también del Tribunal de Justicia de la Unión y de la Comisión Europea». Por ello, explicaron fuentes cercanas a la propiedad, han recurrido el fallo del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza que a finales de marzo se declaró incompetente, estimando íntegramente la declinatoria formulada por Aramón, que alegó falta de jurisdicción.

Cabe recordar que este complejo y Candanchú son los únicos privados en Aragón, no pertenecen al ‘holding’ de la nieve que conforman la DGA e Ibercaja al 50%.

Astún reclama una indemnización por la citada cantidad por los daños y perjuicios de una actuación que tacha de «abusiva y desleal». Pretende que Aramón devuelva las «ayudas de Estado» concedidas tanto por la DGA como por Ibercaja. La propietaria de Astún considera ayudas de Estado tanto las sucesivas ampliaciones de capital (nueve desde 2003, que suman 140 millones de euros) como los convenios urbanísticos de Sallent, Panticosa, Benasque y Castanesa, aunque no ha conseguido desarrollar ninguno.

Pero el juez estimó que estas ayudas «tienen una doble vertiente, una pública y otra privada» y que «resulta imposible» deslindar. Y aunque respecto a la declaración de «abuso de dominio y de competencia desleal» sí era competente, dado que la acción principal sobre la que se construía todo el entramado jurídico era la ilegalidad de las ayudas de Estado concedidas a Aramón y su devolución, «la demanda resultante eliminando dicha cuestión jurídica quedaría vacía de contenido dada la vinculación efectiva de todas las cuestiones planteadas».