COMPORTAMIENTO

La nueva Ordenanza de Convivencia lleva dos años en vigor pero todavía no se aplica

El Ayuntamiento justifica el retraso para hacer un cuadro de sanciones que unifique las distintas normativas.

Hacer pintadas, organizar un botellón alterando gravemente el orden público o cazar y matar pájaros todavía no se castiga en Huesca con los 2.500 previstos para las faltas muy graves en la nueva Ordenanza de Convivencia, pese a que el Ayuntamiento la aprobó hace dos años. El motivo es que está por definir el cuadro de sanciones con el que se pretende unificar y actualizar todas las multas contempladas en las distintas normativas municipales. Algunas de ellas no se han puesto al día desde los 90.


La Ordenanza de Convivencia, que endurece notablemente las sanciones, entró en vigor en enero de 2009, un mes después de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, tras la aprobación definitiva por el pleno. Posteriormente, en febrero de 2010, el consistorio dio luz verde a una modificación que, entre otras cosas, introducía un descuento del 50% en las multas por pronto pago.

 

«Se está sancionando»

El Ayuntamiento justifica el retraso por la necesidad de redactar un cuadro de sanciones que unifique toda la normativa: Ordenanza de Protección del Medio Ambiente, Control y Tenencia de Animales, Reguladora de la Emisión y Recepción de Ruidos, de Áreas Verdes y Arbolado, de Limpieza Urbana y de Tráfico.


La concejal de Seguridad Ciudadana, Amalia Aso, aclaró que «está suponiendo mucho trabajo», pero quiso dejar claro que esto no significa que no se esté actuando contra los infractores. «Si alguien orina en la calle o hace botellón, tiene la sanción correspondiente, porque estas conductas ya estaban recogidas en otras ordenanzas, como la de limpieza».


La diferencia la marca la cuantía, ya que la norma en vigor desde enero de 2009 endurece considerablemente las multas previstas en anteriores ordenanzas. Las infracciones muy graves (pintadas en monumentos o edificios catalogados o el botellón cuando altere la convivencia ciudadana) se castigará con entre 1.500 y 3.000 euros. Las graves (consumo de bebidas alcohólicas en la calle cuando solo cause molestias o suciedad), entre 750 y 1.500. En el caso de las leves (orinar en la vía pública), dejar que los perros defequen o arrojar al suelo papeles y colillas) con hasta 750.


Según Amalia Aso, era imprescindible hacer este trabajo para unificar todas las ordenanzas municipales. «De lo contrario se hubiera dado el caso de que salía más barato conducir bebido que tomarse una cerveza en la calle sin molestar a nadie». El pasado viernes se volvió a tratar el tema del cuadro de sanciones en la comisión municipal de Seguridad Ciudadana. Ya solo falta que el área de Medio Ambiente haga su propuesta y, según la concejal, «espero que se pueda aprobar en la siguiente comisión». El anexo también incorpora rebajas en algunas de las multas previstas en la Ordenanza de Convivencia, ya que se consideró que si la cuantía era muy elevada resultarían de difícil aplicación.


Una de las ordenanzas más afectadas por esta actualización es la de limpieza urbana, aprobada hace diez años, ya que se modifican 91 tipos de las diferentes infracciones que contiene. Las nuevas multas oscilan entre los 100 y los 2.501 euros, frente a la banda de 60 a 781 anterior.

 

Críticas de la oposición

El Partido Popular cree que ha habido tiempo suficiente para resolver la equiparación de la nueva ordenanza con las demás -el anexo se empezó a elaborar hace un año- y acusa al equipo de gobierno PSOE-PAR de «falta de interés político por sacarla adelante», dudando de que sea una realidad antes de que finalice el mandato el próximo mes de mayo. «Comenzamos con esto a principios de mandato y vamos a llegar a las elecciones sin resolverlo», declaró la concejal popular María José Ferrando.


La edil pidió mayor agilidad porque el Ayuntamiento de Huesca actualmente está aplicando «sanciones obsoletas y que se contradicen entre una y otra ordenanza». Citó como ejemplo que no recoger los excrementos de perros tiene la consideración de falta leve o grave según se aplique una u otra normativa.