Para algunos es un paso, pero tanto el Gobierno de Aragón como los partidos con representación en las Cortes continúan exigiendo que se dé el definitivo para la devolución a la diócesis de Barbastro-Monzón de los 112 bienes sacros retenidos en Cataluña. Es la reacción al comunicado de los obispos catalanes hecho público el viernes en el que por primera vez piden que se cumplan las sentencias vaticanas que obligan a Lérida a entregarlos a su legítimo propietario. No obstante, PAR, CHA e IU se mostraron muy críticos porque "no hay nada nuevo" en la declaración de los prelados, que consideran "una burla".

Tras conocer su contenido, la consejera de Presidencia de la DGA y candidata a dirigir el próximo Ejecutivo autonómico, Eva Almunia, recordó a los obispos catalanes que en realidad "depende de ellos", especialmente del de Lérida, ejecutar las sentencias dictadas, en alusión a la petición de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que aglutina a los responsables de las diez diócesis de la comunidad vecina, de que "se puedan cumplir las decisiones emanadas de la Santa Sede sobre estos bienes eclesiásticos".

En declaraciones a Efe, reconoció que es "un paso más" en el reconocimiento de la propiedad aragonesa de las piezas, pero añadió que "el definitivo, lo único que les queda" es ejecutar lo ordenado por Roma.

En la misma línea se manifestó el portavoz del PSOE en las Cortes, Jesús Miguel Franco, quien dijo que el acuerdo es "una buena noticia, aunque ha tardado, y es consecuencia del trabajo que se está haciendo". "Pero la noticia que esperamos es la de que los bienes ya están en Aragón", agregó.

La presidenta del PP en Aragón, Luisa Fernanda Rudi, coincidió en que "es un avance y una señal positiva, pero no suficiente para la resolución el conflicto". "Lo que ahora hace falta de manera inexcusable -reclamó- es la devolución inmediata de las piezas, independientemente de que una vez en Aragón se puedan buscar fórmulas para que puedan ser expuestas en otras Comunidades", en alusión a la propuesta de los obispos de "un uso compartido".

Mucho más crítico y "escéptico" se mostró el socio de gobierno del PSOE. El portavoz del PAR, Javier Allué, calificó de "burla continua" la actitud de la Iglesia catalana yb de la Generalitat, "que debería dejar cumplir las resoluciones eclesiásticas", porque "no quieren devolver los bienes". "No hay nada nuevo, deberían ser más contundentes. Las declaraciones y los rodeos no valen, valen los hechos", afirmó, al tiempo que añadió que solo "una vez con las obras en Aragón podemos hablar de colaborar para exponerlas".

Para CHA tampoco hay "nada nuevo" en el manifiesto, "porque llevamos muchos años de buenas palabras", recordó su presidenta, Nieves Ibeas, quien consideró "muy preocupante que Almunia diga que es un paso". "Si quieren dar un paso, que devuelvan los bienes y luego podemos negociar compartirlos", concluyó.

Por último, Adolfo Barrena, de IU, no otorgó "ninguna credibilidad" a los prelados catalanes, "que lo que tienen que hacer es cumplir con sus propios tribunales y no andar con juegos y con cortinas de humo".