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Varias familias gitanas abandonan un asentamiento ilegal en Huesca antes de su demolición

El agente judicial que se desplazó a la zona del asentamiento verificó que las familias habían abandonado unas horas antes el lugar de forma voluntaria, por lo que no requirió la intervención de los agentes policiales que le acompañaban.

Las familias que permanecían desde hace un año asentados de forma ilegal, en un solar privado ubicado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva de Huesca, han abandona el lugar antes de que un grupo de policías procediera a su desalojo forzoso.

El agente judicial que se desplazó a las 09:00 horas a la zona del asentamiento verificó que las familias gitanas habían abandonado unas horas antes el lugar de forma voluntaria, por lo que no requirió la intervención de los agentes policiales que le acompañaban.

Una pala excavadora entró con posterioridad para proceder al derribo de las casetas levantadas por las cinco o seis familias que las ocupaban hasta ahora.

Todos los accesos al solar ilegal fueron previamente acordonados por los alrededor de cuarenta agentes que apoyaban el desarrollo de la operación, entre policías locales y nacionales.

La operación fue supervisada por el concejal de Seguridad Ciudadana de Huesca, Luis Felipe, quien valoró la decisión de las familias de cumplir la orden para evitar su desalojo forzoso de la finca, cuyo propietario deberá vallarla en los próximos días.

El edil explicó que desde el área de Servicios Sociales se había tratado de "intentar reconducir" con las familias la situación mediante propuestas de intervención que no habían obtenido los resultados previstos.

A su juicio, "una ciudad no se puede permitir este tipo de asentamientos, que no sólo vulneran derechos y normativas legales sino que generan molestias a otros vecinos".

Entre los vecinos afectados se encontraba un matrimonio de ancianos que habitan en un inmueble contiguo al lugar y que denunciaron, después de ver como la factura de la luz se duplicaba, la existencia de una conexión ilegal a su toma.

Según fuentes próximas a esta familia, la factura de la luz subió de un mes a otro de 35 a más de 80 euros, lo que llevó a los ancianos a pedir una revisión de las instalaciones que permitió detectar la toma ilegal.

Las familias gitanas habían reclamado al ayuntamiento una vivienda a cambio de abandonar el asentamiento, opción que fue rechazada desde el consistorio.

El responsable de Seguridad Ciudadana en el Consistorio explicó que en los últimos cinco años se han producido cuatro desalojos de similares características.

A este respecto, el concejal señaló que "la ley lleva su tiempo, y no se puede evitar el tener que cumplir los plazos que se establecen, que no siempre son cortos".

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