Las familias de 24 fallecidos en la riada de Biescas aún no han cobrado indemnizaciones

El capítulo de reparaciones por los daños materiales y humanos que causó la riada de Biescas sigue sin cerrarse. Las familias de 63 fallecidos cobraron las indemnizaciones decretadas por la Audiencia Nacional en 2005, pero los herederos de otros 24, que no comparecieron en esta causa, siguen pendientes de que el Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) dicten una resolución sobre su caso.

Han pasado casi dos años desde que presentaron demandas de reclamación patrimonial -las primeras datan de junio de 2006- contra las dos administraciones, pero las solicitudes todavía no se han resuelto. En ellas los interesados pedían un reconocimiento indemnizatorio por daños y perjuicios basándose en que los tribunales de Justicia habían determinado que la riada era "previsible y evitable" y declarado la responsabilidad económica de la DGA y la CHE.

El Gobierno de Aragón no solo no ha resuelto ninguna de las reclamaciones sino que hasta en dos ocasiones ha solicitado una prórroga antes de emitir la resolución. Más diligencia está demostrando la Confederación Hidrográfica del Ebro. La instructora nombrada por este organismo, que actúa en nombre del Ministerio de Medio Ambiente, ya ha dictaminado algunas peticiones, en unos casos rechazándolas por distintos motivos, y en otros estimando la solicitud, aunque el pago no se ha hecho efectivo.

En julio de 2007, la CHE ya dictaminó 12 propuestas de reclamaciones. De ellas, nueve se remitieron al Ministerio de Medio Ambiente y están pendientes de resolución ministerial. Las otras 3 quedaban a expensas de más documentación, y en breve se remitirán también al ministerio. Según la Confederación, "se han recibido otras tres reclamaciones en 2007 y están en fase de redacción de informe".

Más de 10 años

Los afectados no acaban de entender la demora del proceso administrativo, teniendo en cuenta que el caso se remonta a 1996. El abogado Ricardo Orús, representante legal de siete familias, ha reconocido que la DGA actuó con más rapidez en la ejecución de la sentencia. Recordó que pagó las indemnizaciones decretadas por la Audiencia Nacional coincidiendo con el décimo aniversario de la riada. "Entonces interesaba quedar bien, pero ahora se han vuelto a olvidar de las víctimas. Los casos deberían estar ya resueltos. No tiene sentido que la CHE esté dando pasos y la DGA siga pidiendo aplazamientos cuando deben pagar de forma solidaria".

La Diputación General de Aragón asegura que las reclamaciones se están tramitando. Se ha encargado de ello la Delegación Territorial en Huesca, que en estos momentos efectúa "la valoración de los daños materiales y morales". Fuentes del Gobierno aragonés indicaron que es un proceso complejo porque es necesario recopilar gran cantidad de información, desde un certificado de defunción a los informes psiquiátricos. A partir de la documentación, los servicios jurídicos redactarán sus propuestas para que las resuelva el Ejecutivo. "Todo tiene que llevar su procedimiento, pero este año se resolverá".

Los demandantes solicitan la misma indemnización que fijó la Audiencia Nacional para las otras víctimas (180.000 euros por fallecido), atendiendo a los criterios de "igualdad y justicia", ya que las circunstancias familiares y personales de estos afectados eran las mismas que vivieron aquellos que fueron compensados de acuerdo con la sentencia.

¿Casos prescritos?

Las familias que no se sumaron a la demanda en la Audiencia Nacional, lo hicieron por diversas circunstancias. La mayoría desconocían que una vez acabada la vía penal había abierta otra posibilidad en la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar la responsabilidad económica de las administraciones. "A una parte un buen día les dejó de informar su abogado y pensaron que el proceso había acabado. Otros se apuntaron a una asociación y cuando se disolvió entendieron que no se podía hacer nada. Y luego hay gente que no hizo nada porque solo quería olvidar", ha justificado en más de una ocasión Ricardo Orús.

En el caso de una de sus clientes, Mari Luz Sanz, el juzgado de Jaca no le notificó el archivo de las diligencias penales, por lo que teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, "no puede ni debe considerarse prescrito el derecho a reclamar, porque tal cosa lesionaría gravemente el derecho a obtener la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución".

La CHE sí ha denegado varias solicitudes de afectados que estuvieron en el proceso penal hasta que la Audiencia de Huesca lo archivó en el año 2000, al considera que han prescrito. Sin embargo, los abogados de estos afectados creen que el plazo debería contar desde que se notificó la nueva sentencia de la Audiencia Nacional, en diciembre de 2005.