El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre el crimen de Fago

El proceso judicial por el crimen de Fago aún no ha terminado. Si bien es cierto que la Audiencia Provincial de Huesca cerró el caso este pasado viernes con una sentencia que condena a Santiago Mainar Sauras a veinte años y nueve meses de prisión, el recurso anunciado por la defensa del acusado dejará el resultado del fallo en manos del Tribunal Supremo.

Marcos García Montes convocó esa misma tarde una rueda de prensa en Madrid para explicar que presentará el mencionado recurso porque considera que el caso debería haber sido juzgado por un tribunal popular. El letrado ha intentado desde el principio que esto fuera así. De hecho, su defensa ha estado más dirigida hacia un jurado que a un tribunal profesional. Hasta el momento todas las instancias, desde el Juzgado de Instrucción de Jaca, a la Audiencia pasando por el Constitucional le han dicho que no, pero es el único cartucho que le queda por jugar ante el alto tribunal y lograr que se obligase a repetir el juicio con un jurado.

No obstante, el abogado de la acusación particular, Enrique Trebolle, ya ha manifestado que pedirá que la sentencia se mantenga en los mismos términos y que la defenderá "con todas las consecuencias en el Supremo".

Tanto Trebolle como la fiscalía y el abogado de la acción popular, José María Viladés, defendieron a lo largo del proceso que el juicio debía ser visto por un tribunal profesional puesto que el delito de tenencia ilícita de armas es preexistente al asesinato y no es competencia del jurado, por lo que arrastra a todos los demás. Y los jueces les dieron la razón.

Además de este argumento, Marcos García anunció que expondrá otras razones en su recurso, como que la autoinculpación en sede policial de Mainar "no es suficiente" para condenarlo porque, en su opinión, "no fue ratificada" y porque en el juicio ni siquiera "se pusieron las cintas ni se leyó la transcripción por el fiscal ni por las acusaciones". También dijo que alegará la "ilicitud" de algunas pruebas y, en concreto, la del ADN porque mantiene que en el coche de Miguel Grima se hallaron rastros genéticos de una tercera persona y los de Mainar estaban en el volante, el cambio de marchas y el freno de mano pero no en la manija de la puerta.

Sin embargo, Enrique Trebolle defendió la legalidad de las pruebas y recordó que el Estado de Derecho español es probablemente "el más garantista del mundo" y que la que Mainar hizo ante la Guardia Civil, en presencia de un secretario judicial y asistido por un letrado de oficio, como el entonces detenido pidió, se hizo con todas las garantías y así lo recoge el tribunal de la Audiencia de Huesca en su sentencia. Respecto al resto de argumentos, recordó que la confesión del acusado fue leída en la sala del juicio por la secretaria el primer día de la vista oral y que las cintas no se escucharon porque el abogado defensor no lo pidió. "Era más bien a la defensa a la que le correspondía haber propuesto esa prueba si dudaba de la veracidad del acta de declaración del detenido o de la espontaneidad de las respuestas dadas por el inculpado", le dicen también los magistrados en la sentencia.

En cuanto a los restos de sangre de Santiago Mainar hallados en el interior del coche de Grima, Trebolle resalta que la sentencia recoge que no pudieron llegar ahí de otra manera que no fuera conduciendo el turismo la noche del crimen. En cuanto a los rastros genéticos de una tercera persona, la Guardia Civil reflejó que eran de Enrique Barcos, actual alcalde de Fago y amigo de Grima a quien llevó al médico en su propio coche los días antes del asesinato ya que tenía lumbago y no podía conducir.