Nueve alcaldes de Aragón, ocho del PP y una del PAR, presentaron ayer en el Registro General de la DGA la solicitud de un dictamen de carácter no vinculante al Consejo Consultivo de Aragón como paso previo al planteamiento de un conflicto constitucional en defensa de la autonomía local contra la ley de lenguas aprobada el pasado mes de diciembre por las Cortes de Aragón.

"Es una invasión de competencias", señaló ayer el vicesecretario de Política Institucional del PP y senador por Teruel, Manuel Blasco. El PP confía en que haya más Ayuntamientos de la zona fronteriza con Cataluña que se sumen a esta petición conforme se celebren plenos municipales que así lo decidan y adelantó que se trata de una iniciativa abierta a todos los municipios, sean del color político que sean.

Blasco destacó que los Ayuntamientos van a estar obligados a tener personal para atender la aplicación práctica de esta ley, ya que todos los habitantes tendrán derecho a dirigirse en catalán, tanto de forma oral como escrita. Además, la ley obliga a que todos los documentos y actas tendrán que redactarse tanto en castellano como en catalán.

El dirigente del PP recuperó el argumento que ha venido empleando su partido para oponerse a esta ley, que fue aprobada gracias a los votos del PSOE, CHA y en parte a IU, aludiendo a la "cooficialidad encubierta" del catalán. La ley significó una quiebra en el Gobierno de coalición, ya que el PAR no apoyó esta iniciativa de los socialistas.

Los Ayuntamientos que han presentado esta petición han sido los de Fraga, Fayón, Fornoles, La Codoñera, La Fresneda, Lascuarre, Nonaspe, Torre del Compte y Valderrobres. El PP destacó que en la lista hay alcaldes de las tres provincias. La Codoñera (Teruel), al frente de cuya alcaldía se encuentra María José Gascón, que pertenece al PAR, también se ha sumado a esta petición. Gascón forma parte del sector más crítico del PAR contra la ley de lenguas, que en su momento supuso la rebelión de numerosos comités locales.

Manuel Blasco precisó que los alcaldes, al final "harán lo que tenga que hacer" y cumplirán la ley pero también "están en su derecho de recurrir".