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Aragón

PATRIMONIO RETENIDO

El obispo Piris desvela que la Generalitat pagó y promovió los recursos de los bienes

El Gobierno catalán habría destinado más de 360.000 euros a la defensa jurídica de la diócesis de LéridaEl prelado critica en una entrevista que Cultura pida diálogo tras diez años alargando el litigio

El obispo de Lérida, Joan Piris.
El obispo Piris desvela que la Generalitat pagó y promovió los recursos de los bienes
RAFAEL GOBANTES

La Generalitat promovió y financió la presentación de los más de veinte recursos que en los últimos años ha planteado la diócesis de Lérida ante los tribunales eclesiásticos para tratar de impedir la entrega de los bienes de las parroquias del Aragón oriental a su legítimo propietario, el obispado de Barbastro-Monzón. Así lo asegura en una entrevista publicada por la revista 'Catalunya Cristiana' el prelado ilerdense, Joan Piris, quien además critica con dureza la actitud del consejero catalán de Cultura, Joan Manuel Tresserras, y del resto de instituciones civiles implicadas en el litigio.

 

Piris reprocha al dirigente de ERC que, tras pedirle el pasado mes de enero a través de una carta que le "ayudara a cumplir los mandatos de Roma", "ha insistido en que, como ellos (la Generalitat) también tienen sus convencimientos y sus razones, están dispuestos a dialogar y negociar con Aragón para encontrar una solución". Y a continuación, lanza dos preguntas muy directas a los responsables del Ejecutivo autonómico: "¿Cómo es que durante estos diez años solo os habéis dedicado a presentar recursos?", "¿Por qué no habéis hecho antes el esfuerzo negociador que ahora estáis dispuestos a hacer?".

 

En este sentido, el prelado asegura que "los obispos sí que se han esforzado, pero las instituciones políticas no, que yo sepa". "¿Quién ha aconsejado la vía de todos estos recursos que han afectado tanto al obispo Ciuraneta (responsable de la diócesis entre 1999 y 2007)?", reprocha Piris, en una alusión clara al Gobierno catalán. Y para no dejar lugar a dudas, concluye con una afirmación rotunda que refuerza sus argumentos: "Los recursos los ha pagado la Generalitat de Cataluña, no los ha pagado el obispado de Lérida".

 

Aunque ninguna de las partes implicadas había hablado nunca públicamente de estos supuestos pagos, siempre han existido sospechas de que las sucesivas alegaciones presentadas por Lérida para dilatar la entrega de las obras, que jamás han prosperado, se financiaron con dinero público.

¿Con fondos reservados?

Es más, diversas fuentes han llegado a cifrar el desembolso realizado por la Generalitat con el citado fin en más de 360.000 euros, que habrían ido a parar a varios despachos de abogados de Barcelona, encargados de defender los intereses de la diócesis ilerdense. No obstante, dichas fuentes reconocieron que "no se sabe a ciencia cierta la cantidad exacta", puesto que, al parecer, estas partidas podían proceder de fondos reservados. Otras fuentes apuntaron la posibilidad de que la Diputación de Lérida también hubiera colaborado económicamente con el obispado. Desde la Generalitat declinaron pronunciarse sobre este tema y se limitaron a atribuir esta 'ayuda' a la pertenencia de estas instituciones al Consorcio del Museo de Lérida, que "toma decisiones por consenso".

 

Una de las pocas referencias escritas, si no la única, que existe respecto a este asunto se halla en el polémico libro 'El complot', publicado el pasado año por el periodista Eugeni Casanova. Al hablar de la 'resolución Mieras' de 2006 -en la que la entonces consejera de Cultura catalana fijaba las estrictas condiciones que permitirían la devolución de las obras, tras solicitarle permiso Ciuraneta-, Casanova explica que, después de que la Diputación de Lérida presentara un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con el fin de evitar cualquier posibilidad de ver marchar las obras, "el obispado anunció que haría lo mismo y la Generalitat montó en cólera". Citando fuentes de la delegación de Cultura en Lérida, el autor recoge una frase de lo más clarificadora: "Los servicios jurídicos del obispado los pagamos nosotros y se atreven a denunciarnos".

 

Preguntado por este periódico, Josep Casanova, el que fuera asesor jurídico de Francesc Xavier Ciuraneta, no quiso hablar ayer sobre este asunto, alegando que "eso no tiene ninguna importancia". No obstante, declaró: "Evidentemente, no hubiera querido cobrar nada del obispo Ciuraneta". También se preguntó "quién ha pagado al abogado que representa a Barbastro en la demanda civil" abierta en Lérida.

 

Con estas declaraciones, Joan Piris evidencia las tensas relaciones que mantiene con el titular de la Consejería de Cultura. Sus contundentes manifestaciones han causado gran sorpresa dentro y fuera del ámbito de la Iglesia. 

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