Doce meses después de la mortal emboscada en la que perdió la vida el alcalde de Fago, Miguel Grima, el sumario está a punto de alcanzar los 4.000 folios, pero la fase de instrucción todavía no está cerrada. El presunto autor material del asesinato, el forestal y enemigo declarado del fallecido, Santiago Mainar, cambió de letrado hace un par de meses. La petición de nuevas pruebas impedirá que el juicio se celebre la próxima primavera, como en principio se preveía. Además, la Audiencia de Huesca todavía no se ha pronunciado sobre el tipo de tribunal que juzgará al único inculpado. De hecho, no tiene intención de pronunciarse sobre esta cuestión hasta que se conozcan las calificaciones. Y como alguna de las partes no se conformará con la decisión, se interpondrán nuevos recursos. En conclusión, parece que la que la esperada vista oral no se celebrará hasta después del verano.

La muerte de Grima se confirmó el mediodía del 13 de enero, aunque los investigadores sitúan la hora del crimen entre las 21.45 y las 22.20 de la noche anterior. El alcalde regresaba de una reunión del consejo comarcal de la Jacetania cuando unas piedras en medio de la calzada le obligaron a poner pie en tierra. Allí, en el kilómetro 11,100 de la carretera que conecta la N-240 con Fago, fue alcanzado por un certero disparo al corazón, descerrajado a una distancia de siete metros con una escopeta de caza que nunca ha aparecido. Veintiún días después, la Guardia Civil detenía como presunto autor del crimen a Santiago Mainar. El ADN del forestal había aparecido en el volante y el cambio de marchas del Mercedes del alcalde. Y, tras once horas de interrogatorios y registros, el presunto homicida firmaba su autoinculpación.

La entonces titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Jaca, Ana Isabel Gasca, recién aterrizada en este destino, se hacía cargo de las diligencias. Dos de los penalistas más reconocidos de la Comunidad, Javier Notivoli (como abogado de la defensa) y Enrique Trebolle (designado por la familia de la víctima para ejercer la acusación particular) entraban también en escena. Y las sorpresas siguieron produciéndose. La primera, cuando cinco días después de su autoconfesión ante la Guardia Civil, Mainar proclamaba su inocencia voz en grito a la salida de su primera declaración en sede judicial. Desde entonces, la defensa se ha dedicado a tratar de reunir pruebas para apuntalar esta nueva versión de los hechos. El pasado mes de noviembre, el zaragozano Javier Notivoli fue reemplazado por el letrado madrileño Marcos García Montes. Pero hasta ahora, la estrategia de defensa no ha experimentado ningún cambio sustancial.

Casi dos meses de secreto

La jueza mantuvo el secreto de sumario durante casi dos meses, semanas en las que recibió prolijos y pormenorizados informes de los laboratorios de la Guardia Civil en Madrid. El enorme interés mediático que despertó el caso propició un desembarco sin precedentes de la Unidad Central de Operaciones (UCO), que peinó palmo a palmo la zona en la que se perpetró el crimen y los lugares más frecuentados por el presunto asesino y la víctima. Se recogieron todas las escopetas de los cazadores de Fago y núcleos vecinos, incluso se requisaron algunas armas entre cazadores de otras provincias. Pero ninguna de ellas fue la utilizada para matar a Grima. Y a falta del arma homicida, los investigadores elaboraron un sinfín de informes: biológicos (para cotejar muestras de ADN); de balística (que corroboraron la primera declaración de Mainar, en cuanto a distancias de disparo, tipo de munición, etc); sobre la carretera donde se cometió el crimen (que desveló que el escenario no fue escogido al azar, sino estudiado con detalle); etc.

La Guardia Civil habló aquellos días prácticamente con todos los vecinos del pueblo, incluso con el matrimonio donostiarra que se cruzó con el asesino en el mismo escenario del crimen, apenas unos minutos después de que se produjera el mortal disparo. La pareja tenía una casa en Fago, por lo que conocía bien tanto al alcalde como al forestal. Sin embargo, nunca llegó a identificar al hombre con el que se cruzaron como Santiago Mainar. Sin duda, la declaración en el juicio de estos testigos resultará fundamental, porque hasta ahora no se ha podido contradecir.

Hasta 22 años de cárcel

Los escritos de calificación del fiscal y las acusaciones todavía no se conocen. Sin embargo, las partes -incluida la acción popular, que ejerce el abogado José María Viladés en representación del PP- imputan al acusado los delitos de asesinato, atentado y tenencia ilícita de armas, por lo que podrían solicitar condenas de hasta 22 años de cárcel.

La juez instructora dictó el 19 de marzo de 2007 un auto en el que indicaba que el procedimiento contra Santiago Mainar se tramitaría por la Ley del Jurado, lo que suponía que el forestal sería juzgado por un tribunal popular y no por uno profesional. La acción popular recurrió, y la acusación particular se adhirió. Ambas partes consideran que la enorme repercusión mediática del caso puede condicionar a los miembros de un jurado y apelan además a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Audiencia de Huesca celebró ya una vista oral para pronunciarse sobre esta cuestión, pero se reservó la decisión para cuando concluya la instrucción.