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Aragón
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ESTATUTO DE ARAGÓN

El Ejecutivo cuestiona que el Estatuto aragonés garantice inversiones

Pese a la petición expresa de la DGA, el Gobierno de Zapatero considera que la norma aragonesa no genera ningún derecho en materia de financiación.

Quedan dos días para aclarar qué consideración tiene el Gobierno central del Estatuto de Autonomía de Aragón. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está valorando mantener la exclusión de Aragón del fondo dotado con casi 1.000 millones de euros para garantizar el cumplimiento del apartado de inversiones de los nuevos Estatutos de Autonomía. La razón que trasladan diferentes cargos del Gobierno central es que el texto aragonés "no determina un criterio fijo para establecer el nivel de inversión", "es cualitativo en vez de cuantitativo" o simplemente que "el Gobierno aragonés no ha dado los pasos para su puesta en funcionamiento". El resumen de todas las justificaciones es el mismo: consideran que los políticos aragoneses aceptaron una disposición de inversiones para el Estatuto que no es clara y ahora no pueden exigir el mismo trato que otras autonomías.

Lo que está en cuestión es si, en las 48 horas que quedan para que se cierre el pacto de enmiendas, el PSOE aragonés tendrá el peso suficiente como para rectificar esta posición, que ha sido plasmada en la versión inicial de los Presupuestos del Estado. En ellos se limita el fondo especial para garantizar el cumplimiento de los nuevos Estatutos a Cataluña, Baleares, Andalucía y Castilla y León. Junto a Aragón, solo faltaría Valencia, que es la otra Comunidad que también tiene Estatuto de nueva generación y que cuenta con el veto de Madrid.

Este problema surge por la escasa relevancia que da el Ejecutivo a la disposición sexta del Estatuto de Aragón. En ella se establece que el Gobierno, al repartir la inversión entre las 17 autonomías, no podrá guiarse solo por el PIB (Aragón aporta el 3,0%), sino que deberá ponderarlo con la superficie aragonesa (10% del territorio), la despoblación y el envejecimiento. Pese a que es un derecho recogido en el Estatuto, el Gobierno se niega a aplicarlo y solo destina a Aragón el 3,1 % de la inversión total.

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