El grupo parlamentario de CHA ha presentado una iniciativa con el fin de que las Cortes de Aragón insten al Ejecutivo autonómico que exija al central el cumplimiento de los compromisos asumidos con relación a los planes de zona en el marco de la ley para el desarrollo sostenible del medio rural.

En una rueda de prensa, el diputado de CHA Gregorio Briz ha hecho alusión al anuncio realizado por el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, respecto a la decisión del Gobierno Central de paralizar los convenios para ejecutar dichos planes, aprobados en cada una de las comarcas y pendientes de la aprobación de la DGA y la firma del convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.

Estos convenios recogían una plan plurianual de inversiones para la activación de la economía en Aragón de 2011 a 2015 que significaba una inversión para las comarcas aragonesas, contando con los planes piloto anteriores, de 171,2 millones de euros, de los que el MARM aportaba 73,5.

Según CHA, esta decisión, basada en el incumplimiento de déficit público, supondrá una recorte de la inversión en la Comunidad autónoma de 28 millones de euros.

Para Briz, ese recorte supone una "falta de respeto y sensibilidad" hacia Aragón, donde había "gran ilusión" al pensar que iba a suponer un paliativo para la crisis en el medio rural y que además está generando confusión en las instituciones.

El diputado de CHA también ha mostrado su extrañeza por que el PSOE diga que el problema es del Gobierno de Aragón, institución que, según Briz, debería convocar al Consejo del Medio Rural para explicar "lo que está pasando", dado que "se está hipotecando el futuro del medio rural y muchos de los proyectos incluidos no se podrán desarrollar".

Para Briz éste es el ejemplo de la nueva política de "hacer más con menos que es no hacer" y tendrá que explicar "cómo mantienen servicios públicos" a la vez que recortan el gasto.

Por su parte, en una comparecencia previa, el portavoz parlamentario del PSOE, Javier Sada, cree que hay una confusión entre los planes de desarrollo rural, que son españoles, y los programas europeos de desarrollo sostenible como la PAC.

Según Sada, el gobierno de España "simplemente espera al cumplimiento del déficit por parte de la DGA" pero el recorte en gasto público anunciado por Bermúdez de Castro, en el que se incluye la parte que debería destinar Aragón a esos planes, "supone tirar la toalla para poder recuperar esos fondos", un programa, ha recordado, "pionero y fundamental" para el desarrollo rural.

A juicio de Javier Sada, con este recorte, el Gobierno autonómico "ha firmado el certificado de defunción" de esos planes "al menos para este año" y confía en que el Ejecutivo "de un paso atrás".