La consejera de Educación y Cultura del Gobierno aragonés, María Victoria Broto, fue ayer contundente a la hora de valorar las afirmaciones del obispo de Lérida, Joan Piris, así como del contenido de la carta dirigida a los demás prelados españoles y a su amago de dimisión por la supuesta presión "mediática y política" ante su negativa de devolver a Aragón los bienes religiosos, tal y cono le ordena la normativa vigentes y las sentencias del propio Vaticano.

Broto declaró que "le diría al obispo de Lérida que cumpla la sentencia, que reconozca que los bienes religiosos están en depósito en el Museo de Lérida y que haga lo que tiene que hacer para pedirle al Consorcio del Museo leridano que levante el citado depósito y que las piezas vuelvan a sus legítimos dueños: las parroquias del Obispado de Barbastro-Monzón".

A juicio de la consejera de Educación y Cultura, "está muy claro, y así se han manifestado todas las partes implicadas incluidas las eclesiásticas, que Lérida debe cumplir y ejecutar la sentencia de los tribunales civiles y del propio Vaticano".

Según María Victoria Broto, que en este sentido coincide con todos los partidos políticos aragoneses, "todos los ciudadanos españoles y comunitarios deben cumplir las sentencias de los tribunales democráticos y las que corresponden a sus jerarquías estatales y organizativas, sobre todo si existen además acuerdos internacionales o bilaterales relacionados con esas normativas".

La responsable de Educación y Cultura del Gobierno autonómico, María Victoria Broto, manifestó ayer que "igual que yo y que cualquier ciudadano, el obispo de Lérida, en este caso Joan Piris, debe de cumplir la legislación en vigor y las obligaciones que emanan de la sentencia de un tribunal, le guste o no le gusten".

Pese a que eludió pronunciarse sobre si el Gobierno central debería de intervenir en el asunto ante las denuncias de Piris de "acosos mediático y político", la consejera Broto reiteró que el titular de la Diócesis de Lérida "ya sabe lo que tiene que hacer, porque un juez de primera instancias, el de Barbastro, ya dejó claro en relación al exequátur que es la propia iglesia, en este caso el Vaticano, la que tiene que llevar a cabo la ejecución de sus propias resoluciones. Es decir, devolver a Aragón los bienes que son suyos".