El Gobierno central ha incluido en el proyecto de Presupuestos para 2011 una partida de 950 millones de euros en "cumplimiento de lo establecido en materia de inversiones" en los Estatutos de reciente aprobación. El problema es que solo cita a cuatro de ellos, al considerar que el resto no tienen ese derecho. Las comunidades elegidas son Cataluña, Baleares, Andalucía y Castilla y León. Las cuatro se repartirán casi 1.000 millones de euros en concepto de remanentes de sus presupuestos. Con esa cifra compensarán lo que el Ejecutivo central presupueste en sus autonomías pero no llegue a invertir.

El reparto entre las cuatro es muy desigual, pero la inclusión de Castilla y León (que es la que menos porcentaje de ese dinero recibirá) coincide con la decisión del PSOE de poner como candidato autonómico a la mano derecha de su vicesecretario general, José Blanco.

El Estatuto de Aragón -igual que los de Cataluña, Baleares, Andalucía y Castilla y León- tiene también una disposición adicional para exigir al Gobierno central unos niveles mínimos de inversión. Sin embargo, no hay ninguna partida extra vinculada a ella en el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno central.

La diferencia de Aragón con las otras cuatro autonomías con nuevo Estatuto es que tres años después de su entrada en vigor, esta Comunidad aún no ha puesto en marcha su mecanismo de funcionamiento ni ninguna comisión bilateral ha determinado exactamente el mínimo que debería recibir Aragón. El problema añadido es que el "olvido" del proyecto de Presupuestos presentado el pasado jueves en el Congreso no es nuevo. Ya ocurrió en las Cuentas del actual 2010, aunque parecía que iba a ser la última vez.

En este sentido, tras el revuelo que hubo, PSOE y PAR sellaron un pacto en diciembre de 2009 (unas horas antes de la aprobación definitiva del anterior Presupuesto) en el que supuestamente se acordó que Aragón tuviese también garantizado el acceso a los remanentes presupuestarios. En aquel momento se puso como justificación para que no fuese instantáneo el avanzado momento en que se encontraba ya la tramitación. Un año después, el Gobierno central se ha vuelto a olvidar, aunque en este caso, si realmente hubiese voluntad política, el PSOE tiene margen para arreglarlo ya que ni siquiera se ha habilitado el plazo para presentar enmiendas.