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Aragón

A PROPUESTA DEL PAR

Aragón regulará por ley la custodia compartida de los hijos

La Comunidad Autónoma de Aragón regulará por ley la custodia compartida de los hijos por parte de los progenitores en el caso de ruptura de la convivencia, tras tomar en consideración una proposición de ley del PAR en este sentido.

El portavoz del PAR, Javier Allué, ha defendido la proposición, que en principio pretende establecer la custodia compartida como la solución general, frente al carácter excepcional que ahora tiene, siempre con acuerdo de los padres, con el objetivo de conseguir un "cambio social" en el concepto de las relaciones familiares.

Con la norma, el PAR propone que, sin acuerdo de los padres, las relaciones familiares que se deriven de la ruptura de convivencia se regirán por lo que decida el juez en función de esta ley, que atribuye como regla general la custodia de los hijos menores de forma compartida, con la finalidad de conseguir un reparto efectivo de los derechos y responsabilidades de los padres, "fomentando las relaciones afectivas y continuadas de convivencia con los hijos y la participación directa en su desarrollo y educación".

El PP y CHA han votado a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, al entender que la Comunidad tiene competencia exclusiva para regular esta materia y que la norma se enmarca "de lleno" en el derecho foral aragonés, seña de identidad de la Comunidad.

Sin embargo, el PSOE se ha abstenido ante la proposición de su socio, porque aunque no está en contra de debatir sobre la cuestión y comparte el "concepto" de custodia compartida, percibe en el texto de la proposición "muchas dudas", sobre todo relacionadas con la idea de fijar la custodia compartida como la norma general y dejar como excepcional la custodia individual.

Allué ha estimado que esta es la mejor alternativa para el desarrollo emocional de los menores, pero también para impulsar la corresponsabilidad de los progenitores con la educación y crianza de sus hijos, puesto que la custodia individual, ha dicho, "impide el contacto continuado" de uno de los padres con los hijos y provoca una "clara desigualdad" entre los progenitores.

En todo caso, será necesario adaptar la custodia compartida a las circunstancias concretas de cada caso, y aunque en principio se apuesta por que los padres lleguen a un pacto de relaciones familiares, en ausencia de éste será el juez quien determine las medidas que rijan estas relaciones teniendo en cuenta que la custodia deseable, en términos generales, es la compartida.

En este caso, la autoridad judicial, según la proposición, fijará el régimen de convivencia y el económico que se derive de éste teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberán de presentar cada uno de los progenitores.

Además, en la proposición se establece que a petición de parte interesada, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la futura ley se podrá instar judicialmente la revisión de los convenios reguladores y medidas adoptadas conforme a la legislación anterior cuando se solicite la custodia compartida.

Las dudas del PSOE, según ha expresado la diputada Maite Pérez, se centran en la aplicación del concepto, en cuestiones relacionadas con los cambios de domicilio, con los hábitos, con la integración, el desarraigo o el empadronamiento.

También ha añadido que la norma no puede convertir en excepción la generalidad, que en la actualidad es la custodia individual y en la práctica totalidad de los casos a favor de la madre, porque la realidad social demuestra que en la mayoría de los casos de ruptura no se dan las condiciones para conceder la custodia compartida, puesto que la responsabilidad en la crianza de los hijos se decanta claramente hacia el lado de la madre.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha reconocido que este es un asunto que debe de ser regulado, pero "no en este momento", y aunque se ha mostrado a favor de la custodia compartida "siempre y cuando sea resultado del acuerdo", ha pedido tiempo y "reflexión" y ha dicho que "mal se puede plantear" una figura legal basada en la igualdad de sexos cuando lo que existe en la sociedad es "una desigualdad previa sin resolver".

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