Las familias de mas de 25 colegios de Aragón protestan este jueves para exigir unos comedores escolares de calidad. Para trasladar su malestar, van a colgar carteles reivindicativos en el exterior de los edificios para demostrar “a los representantes en las Cortes y el Ayuntamiento que el momento es ahora, no hay excusas”.

A la campaña ‘Por unos comedores nobles’ se suman las ampas de los colegios Josefa Amar y Borbó, José María Mir Vicente, María Moliner, Julio Verne, Hermanos Marx, L’Esparbel, Monte Oroel, Palmireno de Alcañiz, Tomás Alvira, Valdespartera, Puerta Sancho, Marie Curie, Miraflores, CRA Tierz, La Estrella, San Jorge, AFE Albada, Miguel Artigas, Val de la Atalaya, Juan Sobrarias, Reino de Aragón, Valdespartera III, Rubén Darío-Vía Hispanidad, Cortes de Aragón, Julián Nieto, Rosales del Canal y Basilio Paraíso.

Desde la Plataforma por unos comedores escolares públicas de calidad (Come Pública) ponen de manifiesto que “el comedor no es un juguete político, es una cuestión de modelo de país, de cuidar nuestras tradiciones y nuestra cultura, es una cuestión de justicia social, de derechos de los niños, de salud, de economía local y de responsabilidad generacional”. En resumen, aseguran, “unos comedores de calidad son una responsabilidad que compartimos entre todos y una de las pocas cosas en las que hay consenso”.

Recuerdan que el pasado marzo la plataforma firmó con siete partidos de las Cortes el documento de ‘Propuestas de Acuerdo por unos Comedores Escolares Nobles’, conocido por el pacto del María Moliner o por unos comedores nobles, y después de haber esperado “los 100 días de rigor” para que los nuevos Gobiernos tomen posesión, “ha llegado la hora de pasar de las palabras, a la acción, de los acuerdos preelectorales a los programas de gobierno, a los presupuestos, a los planes de acción y al seguimiento de ese avance”.

La plataforma Come Pública destaca que ese documento acordó unas bases sobre las mejoras necesarias para que los comedores escolares sean “un ejemplo del que estar orgulloso”: “Unos comedores que sean extensión y reflejo de los buenos hábitos que generalmente tenemos en los hogares no es una quimera”.

La plataforma exige una partida presupuestaria “para la creación de cocinas y otra para la mejora de la gestión directa de la DGA de esas cocinas”: “Creemos que si hay algo en lo que podamos estar de acuerdo es en dar de comer lo mejor posible a nuestros hijos. Y si hay alguna época mejor que otra de empezar sería a las puertas de Navidades”. Indican que esta obligación “no depende del gobierno de turno ni es una cuestión partidista” y apuntan la necesidad de empezar a trabajar de forma sostenida en el tiempo para introducir los cambios estructurales necesarios para mejorar todas las carencias actuales relacionadas con los comedores”.

“Es la urgencia mas básica de la mayoría de familias. Se puede crear un plan para la progresiva y paulatina construcción de cocinas a todos los colegios que lo soliciten y además necesitamos mejorar la formula de licitación actual, optando por una forma mas eficiente desde el punto de vista administrativo”, añaden. Y en este sentido subrayan la importancia de “seguir mejorando las cláusulas y penalizaciones, respecto a productos frescos, productores locales, variedades locales...”.

También recuerdan la importancia de “mejorar los sistemas de seguimiento sanitario y nutricional equiparándolos más a los que tiene cualquier establecimiento de restauración pública”.

Desde la plataforma han adelantado que hay “decenas de colegios que han solicitado y hecho preparativos” para cocinas ‘in situ’ “que no han llegado aún”. Recuerdan el caso del colegio Valdespartera III de Zaragoza, “que habiendo solicitado la autogestión en 2021, ahora se les ha licitado como gestión indirecta y tendrían que seguir acarreando problemas otros 4 años si nadie interviene para solucionarlo”. Asimismo, hay centros “que tienen incidencias con empresas que han hecho llegar al Departamento de Educación, pero que cuesta mucho que se tomen acciones previstas en los pliegos por el mal hábito de que se prorroguen y caduquen las licitaciones”. Y todo esto, añaden, “unido a un modelo de licitación que dificulta la competencia y hace que la administración este atada de manos con grandes empresas mientras las familias que pagan luchan por que se les escuche en nombre de sus hijos”.