"El control de las aguas subterráneas debería ser tan eficaz como el de los tributos"

El Colegio de Abogados de Zaragoza organizó una jornada sobre el nuevo régimen jurídico de aguas subterráneas, aprobado con el real decreto 665/2023 y HERALDO convocó antes al coordinador de la sección de Derecho Ambiental, el abogado zaragozano José Manuel Marraco, defensor de Greenpeace; al letrado Juan Antonio Loste, socio de Uria Menéndez y ligado al sector industrial; y a  Javier San Román, comisario adjunto de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), para debatir si este tema ecológico se afronta con medios suficientes y si ha cambiado su visión por parte de las empresas y de los agricultores.

¿Por qué ha sido necesario impulsar esta nueva normativa?

Para José Manuel Marraco, “el problema de una contaminación controlada de una empresa es un vértido localizado, pero me preocupa la contaminación difusa de instalaciones como las macrogranjas más difícil de detectar”. “El papel lo sujeta todo, pero a la Administración hay que darle los medios para que ejecuten las normas. Me gustaría que la Administración ambiental tuviera la misma eficacia que la tributaria”, recalca el abogado zaragozano que representa a los ecologistas de Greenpace. “El acuífero se contamina y luego no sale a la luz”.

El comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Javier San Román, defiende que la contaminación de las aguas subterráneas y su extensión “son puntuales”. “Están acotadas y las importantes están siendo descontaminadas, en la medida que se puede. Pero una cosa es cuando se habla del sector industrial y otro de la contaminación difusa, con los nitratos, porque es la que nos preocupa más y es bueno que se hable de eso”, reconoce.

Además, San Román asume que la CHE ha influido en esta normativa nueva porque desde la organización de la Cuenca del Ebro ya actuaba como marca ahora el real decreto y defiende que eran los que tenían más conocimiento sobre las aguas subterráneas, junto a la Agencia Catalana del Agua.

Al abogado y socio de la Uría Menéndez, Juan Antonio Loste, defensor del sector industrial, considera que la nueva normativa es poco atractiva administrativamente "porque tiene elementos muy punitivos”. “Sería deseable que siguiendo el modelo de los suelos contaminados promoviera un mecanismo para aflorar esas situaciones”, propone el letrado del Colegio de Barcelona, porque cree que las medidas del proceso administrativo, como el requerimiento, la valoración de daños, el expediente sancionador y la fianza, “no mueven voluntades”.

“Las normas de la contaminación del suelo son una nueva oportunidad para ayudar a aflorar y poner en seguridad estos acuíferos contaminados”, recalca el letrado de las empresas. “Esas masas de agua que se utilicen incluso para el abastecimiento en el futuro hay que ponerlas en seguridad y que no haya abastecimientos afectados, los confinamientos hidráulicos estén bien definidos”.

¿Qué proporción de la cuenca del Ebro pertenece a las aguas subterráneas? 

“Las aguas subterráneas en la cuenca del Ebro son alrededor de un 15% de todo el agua que llevan los ríos”, recalca Javier San Román. “Parte de las mismas puede venir de acuíferos que tardan años en salir y otras aguas que están en el Pirineo suponen un 10% y es la nieve que se infiltra al caer y sale el mismo año. Hay otras cuencas como la parte derecha del Ebro o la del Júcar que llegan hasta un 30%”.

¿Cómo se llevan los letrados de los ecologistas y del sector industrial?

A José Manuel Marraco, de Greenpeace, le parece que “a los problemas medioambientales hay que afrontarlos con optimismo y no ser fatalistas”. “Como decía Manuel Vicente, hay que venir llorado de casa. No se puede estar lamentando sino ofrecer soluciones. Agradezco que en el ambiente de crispación, aquí está el Colegio de Abogados de Barcelona y el de Zaragoza sumando fuerzas para la defensa del medio ambiente”.

Juan Antonio Loste, defensor del sector industrial, sostiene que “los operadores medioambientales, en contra de lo que la gente se cree, nos llevamos bien todos: las administraciones públicas, los abogados, las industrias y las fiscalías especializadas”. “Tenemos el mismo lenguaje y nos entendemos razonablemente. Hace falta que nos den las herramientas sensatas para que podamos velar que no se deteriore el medio ambiente”, defiende.

¿Pueden ponerse de acuerdo entre las dos partes?

“Hasta nos podemos poner de acuerdo para que no haya una condena al final”, reconoce Juan Antonio Loste. Y su compañero de Greenpeace, José Manuel Marraco, lo asume: “Si descontaminas podemos llegar a un acuerdo. No es solo el efecto punitivo (de la normativa) sino reparar el daño”. De hecho, defiende que los ecologistas son “la voz sin voz” y las empresas tienen los mejores abogados. “Pero somos gente civilizada y de orden. No hablamos de las leyes antes de que salgan sino después y las valoramos”, defiende el letrado zaragozano.

Juan Antonio Loste, de Uria Menéndez, sostiene: “Nos une la protección del medio ambiente, aunque José Manuel (el letrado de Greenpeace) trabaja con otros operadores y yo con el sector industrial. A todos les interesa llevar a cabo su actividad de la manera más sostenible posible”.

¿Qué diferencia hay entre la contaminación del sector industrial y el de la agricultura?

El comisario de Aguas de la CHE, defiende que “la contaminación industrial está en manos de técnicos competentes contratados por consultoras que hacen trabajos de descontaminación para evitar que haya más en el futuro”. “Están más controladas y se trabaja en descontaminarlas. Por ejemplo, todas las gasolineras antiguas tienen alguna contaminación por debajo y las nuevas se hacen para que no tengan eso”, apunta.

Pero al hablar de los “nitratos” procedentes de la agricultura, San Román señala que “están bastante controlados en la cuenca del Ebro, pero el problema es saber el origen y eso es competencia de la Comunidad Autónoma”.

Por otro lado, el comisario de la CHE explica que hay contaminantes como “hidrocarburos” que flotan el agua subterránea y no son fáciles de sacar, y otros son más densos que están en el fondo de los acuíferos, como pasó con el lindano en Sabiñánigo, complicados de extraer “porque se meten por las fracturas de las rocas”. “Cuando descontaminas al principio encuentras lo más gordo pero al pasar los años es más difícil”, agrega.

El letrado de Uría Menéndez tiene muy claro que “el operador industrial no quiere que le señalen como el contaminador sino que quiere aflorarlo en un procedimiento amigo y conciliar con la Administración hidráulica, que tiene una acción pública muy fuerte para exigirte de todo”. “Como esta gente son sensatos, al final acaban definiendo soluciones prácticas”, señala.

Juan Antonio Loste señala que “si a un industrial se le pone una imposición severa recibe simpatías en la sociedad, pero si lo hacen al sector ganadero cortan la Gran Vía con tractores”. “No es tan sencillo y tienen mi simpatía”, incide, porque reconoce que se ha regularizado el sector agrícola para reconducirlo y juega con un papel fundamental en el equilibrio del territorio. “Venir de donde venimos y poner en seguridad a esos acuíferos afectados por nitratos no es de hoy para mañana”, reconoce.

¿Aragón está mejor que otras comunidades en este control?

Para Juan Antonio Loste, la situación de Aragón, como la de Cataluña y el País Vasco, y la recuperación de los acuíferos por la Conferencia Hidrográfitca del Ebro “está mucho mejor y hay otras comunidades que su situación es un páramo”.

Mientras que Javier San Román, comisario de aguas de la CHE, sostiene que “el Ebro está más limpio que hace 30 años porque llegaron las depuradoras que empezaron en los años 90, como las de la Almozara, la Cartuja o el Huerva, y han mejorado el estado de los ríos”.

Respecto a José Manuel Marraco, le constan “los esfuerzos por determinadas personas de la Administración en Aragón porque hay algo de indolencia de arrastrar un modelo caduco que está desapareciendo”. Aun así, incide que “no hay que hacer una avalancha legislativa entre la normativa nacional, la europea, los acuerdos internacionales y las de las 17 comunidades”. “Es cuestión de eficacia. Hay que tener una Administración acorde a los medios”, señala.

¿Les unen más detalles que los separan?

Al abogado de Barcelona representante del sector industrial le parece que “les une la prevención del medio ambiente desde ópticas diferentes” y quieren “que uno de los vectores históricamente olvidado se cuide”.

“Nosotros somos antagonistas procesales, pero defendemos desde las ONG y las empresas el artículo 45 (de la Constitución) y estamos de acuerdo de que el medio ambiente debe ser un derecho fundamental y no un principio rector porque nos posibilitaría los recursos de amparo y otras cuestiones”, recalca el defensor de Greenpeace. “Hay que tener memoria histórica y felicitar la foto de Doñana para que se diera en todas las comunidades”.

José Manuel Marraco concluye que en medio ambiente “hay que avanzar y tener esperanza”, y recuerda la celebración de la COP28 en Dubai.