El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 entregará este año a Aragón 27 millones de euros extra para sufragar los servicios de dependencia. Son 7 millones más respecto a lo recibido el año pasado por el conocido como ‘nivel acordado’ de financiación, que complementa la aportación mínima estatal, y que se establece en función de la eficacia de los planes de mejora aplicados por cada comunidad autónoma. La consejera del ramo, Mariví Broto, ha destacado tras el Consejo Territorial celebrado este miércoles en Madrid que el Gobierno central ha valorado positivamente el plan de choque puesto en marcha por la DGA, y que el dinero pactado permitirá agilizar las prestaciones y el número de beneficiarios.

“Vamos a recibir 27 millones más, es un buena noticia para la Comunidad”, ha celebrado Broto, que ha recordado que la aportación recibida por Aragón por este concepto no ha dejado de crecer desde que el Gobierno central lo recuperó hace tres años. En 2021 la DGA se hizo con algo más de 9 millones de euros y en 2022 fueron 20 millones.

Aragón planteó un plan de choque que se proponía reducir el número de personas en el limbo de dependencia -aquellas que tienen reconocida una prestación pero aún no la reciben-, mejorar la situación de los profesionales del sistema o incrementar el número de beneficiarios de los servicios sociales, entre otros aspectos. Unas actuaciones que ahora se ven recompensadas.

En cuanto al destino de la financiación extra que recibirá Aragón, la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales de la DGA ha apuntado que se invertirá en agilizar las prestaciones y su cuantías, así como fomentar la complementariedad de los servicios, entre otras mejoras. Broto, eso sí, ha pedido celeridad a la Administración central para el reparto efectivo de los fondos, que aún tendrán que pasar por Consejo de Ministros y volver al Consejo Territorial.

Además, el Ministerio ha anunciado el reparto de otros 200 millones de euros entre aquellas comunidades autónomas que hayan suscrito el acuerdo de acreditación. Se trata un convenio de mejora del servicio impulsado por el Gobierno central tras la covid y al que Aragón ya se adhirió. “Tras la pandemia, nos parecía una forma de decirle a la ciudadanía que apostamos por la mejora de los servicios y por la calidad”, ha señalado Broto. De momento, se desconoce la cuantía que recibirá la DGA en este caso.