Son muchos los zaragozanos que este martes 24 de enero han acudido a la Ciudad de la Justicia y se han tenido que dar media vuelta y regresar a sus casas sin haber resuelto los asuntos importantes que les han llevado a los tribunales. Declaraciones de denunciantes, de víctimas o de acusados, en la vía penal, o reclamaciones de cantidad, asuntos laborales o accidentes, en la vía civil, han sido suspendidas por la huelga indefinida que este martes han empezado los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) (antiguos secretarios judiciales). 

En total, según datos facilitados por las asociaciones convocantes, en Aragón se han suspendido 245 juicios y se han inmovilizado 1.290.000 euros, pues no se han extendido mandamientos de pago, además de los miles de gestiones aplazadas. Y se esperan que sean muchos más en los próximos días pues las posturas de las asociaciones convocantes y del Ministerio de Justicia están muy enfrentadas. 

“Me llamaron ayer para decirme que no fuera”, le decía un cliente a su abogado por teléfono y se disculpaba por no habérselo dicho antes y evitado el viaje en balde que esta mañana ha hecho el letrado, pues él no había recibido aviso ninguno al no estar personado todavía en la causa en cuestión.

Pero si desde algunos juzgados sí que se advirtió a los ciudadanos de que había huelga, desde otros no. “No se tiene por qué avisar de si uno va a hacer huelga o no”, indicaba otro abogado. Así, esta mañana en los pasillos de la Ciudad de la Justicia se han dado todo tipo de situaciones. El paro se está notando con mucha más intensidad en el edificio de Vidal de Canellas, que alberga la jurisdicción civil, que en el Fueros de Aragón. Lo contrario sucedió en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde la huelga tuvo más incidencia en las secciones penales que civiles.

Según los datos avanzados por Carlos Artal, portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) el seguimiento de la huelga ha sido de un 53% en Zaragoza y Huesca y del 50% en Teruel. 

Los juzgados de lo Penal números 3, 7 y 8 están celebrando con normalidad, al igual que funcionan los de Instrucción 10 y 11. Hoy está de guardia el número 1 y el 2 celebra vistas de delitos leves y ambos son servicios mínimos. En la Audiencia Provincial de Zaragoza se han suspendido las tres vistas orales que estaban previstas: una por estafa y dos de tráfico de drogas. Y lo han hecho porque ninguna de ellas era causa con preso. Estos casos sí están incluidos en los servicios mínimos y no puede aplazarse.

Los LAJ han decidido llevar su derecho a la huelga a la máxima expresión, la indefinida, después de años de exigencias y movilizaciones que incluyeron concentraciones y paros. Reclaman, entre otras cuestiones, aumentos salariales después de que en 2009 se modificara la ley que ampliaba sus competencias pero no su remuneración. En concreto, les transfirieron más de 300 nuevas funciones, cuya asunción no fue acompañada por el consiguiente incremento salarial, que los distintos gobiernos aplazaron por la situación provocada por la crisis económica.

En puertas de la huelga, los LAJ dijeron que han tratado evitarla “por todos los medios”, por lo que se disculparon ante todos los abogados, procuradores, graduados sociales, abogados del Estado, jueces, fiscales y ciudadanos, “por la adopción de la medida más extrema en el marco de un conflicto colectivo (la huelga indefinida) y por las consecuencias que ello tendrá”.

Los funcionarios se han manifestado este martes frente al Ministerio de Justicia. El 81 % de los profesionales convocados han secundado el paro, según han afirmado a EFE miembros del comité de huelga, aunque la cifra comunicada por Justicia es del 28,23 % sobre el total de letrados, incluidos aquellos que disfrutan de permisos o vacaciones.

"No cuentan bien los datos. Es un auténtico desastre", argumenta ante esta disparidad de cifras el letrado de Zaragoza Carlos Artal, miembro de la UPSJ, una de las tras asociaciones convocantes del paro junto al Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

Sin embargo, fuentes de Justicia destacan a EFE que un elevado número de letrados -cuerpo compuesto por 4.300 personas- ha pedido vacaciones o permisos coincidiendo con la huelga. Sin cifras oficiales, los convocantes de la huelga estima que se han podido suspender en esta primera jornada de paro más de 10.000 vistas en toda España.

Mercedes Ortuño Lizarán

Unas 800 personas, según cifras de las asociaciones convocantes, han marchado desde la madrileña plaza del Callao hasta la sede del ministerio dirigido por Pilar Llop, en la cercana calle de San Bernardo.

Durante su recorrido han gritado consignas como "Pilar, dimite, la justicia no te admite" y "No nos agrada; la justicia está parada", y han recibido aplausos de apoyo desde las ventanas de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, en Gran Vía.

El seguimiento de la huelga y, concretamente, la participación en la manifestación "era inimaginable", en palabras de Artal, quien ha dado "las gracias al secretario de Estado (de Justicia, Tontxu Rodríguez) por sus desafortunadas declaraciones" de ayer lunes, cuando aseguró que el paro de los LAJ tenía motivos políticos y no laborales y los acusó de hacer una huelga "contra el pueblo". "Nos ha venido bien porque ha fomentado que compañeros que tenían dudas se hayan movilizado", ha ironizado.

También en respuesta al secretario de Estado, Patricia Gimeno, letrada de un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, ha aseverado que los huelguistas son "de distintos colores políticos" y han viajado a la marcha de Madrid desde "zonas muy diversas" de España, como Zaragoza. Murcia, León, Salamanca o Sevilla.

Y que todos ellos tienen "un mismo propósito: que se cumplan los acuerdos" a los que llegaron con el Ministerio de Justicia el pasado mes de abril. "No queremos que nos reconozcan nada; ya lo tenemos reconocido. Queremos que se cumplan esos acuerdos", añade Artal, y destaca que su demanda principal es que se aplique la "cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales, para que los letrados en su caso nunca cobren menos del 85 % respecto a jueces y fiscales".