DGA y Ayuntamiento de Zaragoza se culpan de incumplir la bilateral y del retraso de los planes de viviendas
El consejero de Hacienda va a presentar un contencioso administrativo por la negativa del Ayuntamiento a impulsar el Plan Especial de la calle Embarcadero.
El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han protagonizado este viernes un cruce de acusaciones al atribuir al otro la culpa de haber incumplido y haber roto acuerdos y negociaciones en el seno de la Comisión Bilateral y el consiguiente retraso en la construcción de un lote de viviendas de alquiler social en distintos barrios de la ciudad.
La polémica ha surgido a raíz del anuncio del consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, de que va a presentar un contencioso administrativo por la negativa del Ayuntamiento de Zaragoza, ha asegurado, a impulsar el Plan Especial de la calle Embarcadero, cuyos terrenos son propiedad de la comunidad autónoma.
Según ha asegurado el consejero de Hacienda, el Ayuntamiento les ha remitido una carta en la que constataban que "no va a cumplir con el acuerdo" fruto del cual estaba previsto llevar a cabo una permuta de terrenos que posibilitaran la construcción de un mayor número de viviendas de alquiler social para jóvenes, dado que en la calle Embarcadero el Plan General de Ordenación Urbana recogía unos derechos al Ejecutivo para levantar 111 pisos de venta libre.
Sin embargo, según ha informado en una rueda de prensa posterior el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha sido el Gobierno de Aragón el que "ha decidido atacar al Ayuntamiento, rompiendo de forma unilateral las negociaciones y en contra del interés de los vecinos de la zona, bajo el argumento de que han recibido una carta".
Una misiva con la que, ha apuntado Serrano, se respondía a la enviada previamente por la Dirección General de Patrimonio en la que instaba al Consistorio a sacar adelante el plan especial bajo el argumento de que estaba paralizado "sin causa".
"No es verdad que se haya paralizado" sino que estaba pendiente de una negociación para una permuta de suelos con el Gobierno de Aragón que se estaba tratando en las reuniones técnicas previas a la reunión de la próxima Comisión Bilateral, ha informado Serrano.
"No hay precedentes de que tratando un tema en la Comisión Bilateral, unilateralmente se rompa la negociación por el Gobierno de Aragón", ha advertido el portavoz de Urbanismo, para quien la decisión "da imagen del grado de nerviosismo que se ha instalado en el Gobierno de Aragón" y que atribuye a la candidatura del alcalde, Jorge Azcón, a la presidencia de la comunidad autónoma.
"Las cosas iban bien hasta que el alcalde adquirió la categoría de candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón", ha asegurado.
Por eso ha calificado la postura del Ejecutivo de "gravísima" porque "ataca la esencia jurídica e institucional de la Comisión Bilateral" y "atenta" contra los intereses manifestados por los vecinos del barrio de Casablanca, entidades sociales y la propia junta de Distrito.
"El Gobierno de Aragón podía construir vivienda en los terrenos de Alumalsa, lo que demuestra que no es verdad que se esté obstruyendo la labor del Gobierno de Aragón", ha insistido Serrano, quien ha asegurado que en Zaragoza les hubiera "gustado que en siete años y medio de gobierno, Lambán y Anadón hubieran encontrado tiempo para hacer 'una vivienda'".
Por otro lado ha expresado su preocupación por la falta de respuesta del Gobierno de Aragón a la firma del convenio para la construcción de 486 viviendas públicas, cuyo plazo finaliza el próximo 31 de enero, y seis meses después de que el Ayuntamiento presentara el plan.
"Me gustaría pensar -ha reflexionado- que no hay una intención que seis meses después siga sin firmarse el convenio, de lo que dependen la captación de fondos europeos", a los que aspiran también los propietarios de los bloques sindicales, algunos de los que ya han comenzado las obras de rehabilitación.
De este convenio, ha precisado, además de la rehabilitación de dichos inmuebles depende la obtención de fondos para poder llevar a cabo 486 viviendas de alquiler asequible en todos los barrios, cuyos pliegos de condiciones están ya preparados para iniciar el proceso de adjudicación, dado que la fecha tope de finalización de las obras es el 30 de junio de 2026.
