El IAM dedica 220.000 euros a anticipar una atención integral a las víctimas de violencia sexual

El Instituto de la Mujer incorpora una oficina con ocho profesionales hasta abrir, a mitad de 2023, tres centros de crisis.

La directora de Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Goikoetxea
La directora de Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Goikoetxea
Cortes de Aragón

Una abogada, una trabajadora social y seis psicólogas y educadoras ofrecerán una atención integral a las víctimas de violencia sexual en una oficina, situada en el Instituto Aragonés de la Mujer, que será el germen de los tres centros de crisis que abrirán sus puertas a mediados del próximo año. El Gobierno de Aragón reserva en el presupuesto de 2023 una partida de 220.000 euros para este recurso y 1,3 millones para los tres equipamientos, uno por provincia, que se financian con cargo al plan nacional ‘España te protege (III)’.

La oficina permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2023 para ofrecer asesoramiento, orientación, seguimiento y atención integral a cualquier mujer que haya sufrido algún tipo de violencia sexual en el pasado o en la actualidad y a sus familiares. Se pretende acompañar a las víctimas de una violencia que se mantiene oculta y silenciada. Y es que un 84% de las mujeres que sufren violencia sexual y el 67% de las violadas no han buscado ayuda formal tras lo sucedido, según figura en la macroencuesta de violencia contra la mujer 2019, el estudio más reciente.

La orientación, información y asesoramiento se prestará las 24 horas los 365 días del año. En la primera entrevista se recogerá información de los hechos, se asesorará sobre los recursos disponibles y se orientará jurídicamente a la víctima. No será necesario presentar denuncia para poder acceder a ellos.

En la intervención multidisciplinar, se garantizará el acompañamiento de la víctima en las declaraciones, los juicios, los reconocimientos médicos y forenses, si lo solicita la afectada.

En la última fase se llevará a cabo un seguimiento de la víctima, para asegurarse de que recibe la mejor atención posible, y el expediente se cerrará con una intervención final.

Aunque se estima que un 57% de las mayores de 16 años ha sufrido violencia a lo largo de su vida, solo un 2,5% de las víctimas de acoso presentó denuncia y apenas un 1,2% acudió a un servicio médico o de atención psicológica. Con los futuros centros de crisis se pretende ofrecer una respuesta inmediata a ese tipo de víctimas. Aunque en España fueron pioneras Madrid y Asturias, hace décadas que están disponibles en los países anglosajones y el primero abrió sus puertas en Washington (EE. UU.) en la década de los 70 del siglo XX.

En Aragón estarán disponibles el próximo año, y el de Teruel, que ocupará un espacio que ha cedido el Instituto Aragonés de la Juventud, es el que está más adelantado. El de Huesca se instalará en un local en la avenida de los Monegros que ha sido adquirido por el IAM con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para el de Zaragoza, se iniciaron conversaciones con el Ayuntamiento.

La protección de las víctimas de violencia de género es el cometido principal, aunque no el único, del Instituto Aragonés de la Mujer. La acogida de las víctimas se realiza a través de los servicios propios y la red de casas de acogida y de centros de emergencia de las tres provincias. En 2023, se mantendrán los convenios de colaboración con los ayuntamientos de Calatayud, Utebo, Gea de Albarracín y la comarca de las Cinco Villas que permiten sufragar gastos derivados de sus viviendas tuteladas y el asesoramiento psicológico.

La protección no se limita a evitar que sufran violencia, sino que se busca, también, garantizar una integración económico-laboral para que dispongan de oportunidades, formación y empleo. El IAM ha firmado acuerdos para ello con El Corte Inglés, Mercadona, Frutos Secos el Rincón, Centro de Formación Adams y Vitalia Plus. Destinará el próximo año tres millones a un convenio con la Cátedra sobre Igualdad y Género, y con corporaciones locales y el colegio de abogados para la atención inmediata de las víctimas. Hay reservados 300.000 euros para ayudas destinadas a favorecer la integración social de víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo.

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