UAGA pide que se retiren los restos de poda de la ley del residuos y se mantengan las quemas
La organización agraria va más allá de la petición de una moratoria de la norma, que "encarece la gestión agraria".
Ahora que comienza el momento de realizar la quema de los restos de la poda, los agricultores aragoneses alzan la voz contra la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular aprobada por el Gobierno central el pasado mes de abril y que impide utilizar el fuego para terminar con estos restos vegetales.
Desde COAG, a la que pertenece la aragonesa UAGA, se pide una moratoria de dos años para la aplicación de la nueva normativa, que obliga a triturar estos deshechos y amenaza con multas de hasta 100.000 euros para los agricultores que la incumplan. COAG insiste en que la ley no solo encarece y complica la gestión tradicional de las explotaciones, sino que además puede favorecer la mayor proliferación de enfermedades y plagas en el campo y, además, con toda probabilidad acarreará un mayor uso de fitosanitarios.
En Aragón, UAGA va incluso más allá de esta petición. "Lo que solicitamos es que los restos de poda o del arranque no tengan consideración de residuos, no estén incluidos en esta norma y, por lo tanto, se mantengan las quemas tal y como se hacen hasta ahora", señaló ayer David Andreu, secretario general de UAGA-Teruel y productor de almendra, uno de los cultivos más afectados por esta nueva imposición, junto con el olivar, los frutales y el viñedo, todos ellos con gran presencia en la Comunidad.
No están los responsables de UAGA en contra de que realizar el triturado de dichos restos, como impone la norma, porque, además, insistió Andreu, "hay agricultores que ya lo hacen". Pero, reiteró el sindicalista, lo que hacen es "cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana". También advirtió que la trituración de los restos de poda para incorporarlas al suelo hace inviable prácticas sostenibles como el mantenimiento de las cubiertas vegetales vivas. Y resulta "totalmente inviable", señaló el secretario provincial de UAGA-Teruel, en aquellos casos en los que se realiza el arranque o la sustitución de una especie por otra, ya que "se generan grandes volúmenes de restos vegetales que suponen un alto alto". El representante de la organización agraria estima un desembolso de entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea.
"Lo que queremos es que dejen trabajar a la gente como lo ha hecho hasta ahora, porque estos restos ni son residuos peligrosos ni su quema provoca incendios", señaló Andreu, que insistió en que no es más sostenible la trituración de estos deshechos porque se necesitan máquinas que consumen mucho combustible.
Excepciones
La ley prohíbe la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario "con carácter general", pero permite esta práctica de manera excepcional "siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas", señala la norma. Para ello, UAGA-COAG también solicita que "para evitar colapsos administrativos" dichas solicitudes puedan gestionarse telemáticamente y/o a través de los ayuntamientos.
