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tribunales 

La crisis del espionaje de Pegasus salpica la causa judicial de Gali

El juez pide al hijo del líder del Frente Polisario que acuda a declarar como testigo y la Audiencia de Zaragoza va a resolver el recurso del archivo. La exministra de Asuntos Exteriores investigada en el Juzgado de Zaragoza fue espiada en su teléfono en mayo de 2021.  

González Laya tras declarar ante el juez
La exministra Arancha González Laya, tras declarar ante el juez Rafael Lasala, saliendo del juzgado con la abogada del Estado, María del Mar González 
Efe

La crisis del espionaje de Pegasus que ha afectado a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha salpicado a la causa judicial abierta sobre el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza,  en la que está encausada también la  exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya: la predecesora de José Manuel Albares podría haber sido espiada en mayo de 2021 por la crisis diplomática entre Marruecos y España.

El juez Rafael Lasala ha solicitado que pueda prestar declaración en el proceso judicial el hijo de Gali, que lo acompañó en el viaje en un avión oficial desde Argelia hasta la Base Aérea de Zaragoza el 18 de abril de 2021. Aunque parece que no han podido localizarlo porque tuvo domicilios en Vitoria o Málaga, ahora no consta en estas localidades y el magistrado podría solicitar auxilio para su notificación a la delegación del Frente Polisario en Madrid.

Mientras tanto, la Audiencia de Zaragoza puede resolver dentro de unos días el recurso de archivo que interpusieron el fiscal y la abogada del Estado, María del Mar González, sobre la causa abierta respecto a la exministra, después de que el juez sobreseyera a mediados del pasado mes de marzo la parte de la investigación abierta al diplomático aragonés Camilo Villarino, responsable del gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores.

Fuentes próximas al caso señalaron que la declaración del hijo de Gali como testigo (las acusaciones pedían que fuera investigado) podría ser “decisiva” para determinar si la llegada de su padre a España enfermo de covid se hizo con el compromiso de no provocar problemas al Gobierno de Sánchez (respecto a que no se enterara el Gobierno de Marruecos) y con el acuerdo de que no se conociera su entrada en el país porque estaba procesado por la Audiencia Nacional.

“Si con el informe de Pegasus se conociera qué relación se estableció entre el Gobierno de España y Brahim Gali para su llegada al país para ser atendido de la pandemia y protegido frente a los procesos abiertos en la Audiencia Nacional podría solicitar que se aportara”, señalaron fuentes jurídicas.

Noticia filtrada por servicios secretos 

Mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores habría sido espiada en plena crisis con Rabat, como publicó este martes ‘El País’, durante el mes de mayo, con la entrada irregular en Ceuta de 10.000 inmigrantes como respuesta a la llegada del líder saharaui a un hospital de Logroño, en España. Esta noticia fue filtrada por los servicios secretos marroquíes (podrían haber sido informados por el Pegasus, de una empresa israelí, u otro programa) en relación con los de Francia.

Los técnicos del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) que examinaron el móvil de la ministra de Exteriores no determinaron el programa espía empleado ni la autoría de la agresión, por lo que evitaron denunciarlo. Arancha González, fichada el mes pasado como asesora externa de Danone, eludió este martes hacer declaración sobre esta situación.

Asimismo, agregaron que el CNI ha informado al Gobierno español que varios procesos abiertos en los tribunales españoles contra responsables del Frente Polisario (dos en la Audiencia Nacional, de los cuales uno fue archivado, y el del Juzgado de Zaragoza) han sido “dirigidos y financiados por la Administración marroquí”, para intentar dañar su imagen ante la opinión pública.

El abogado Antonio Urdiales, un malagueño que realiza la acusación popular sobre el caso Gali y está casado con una marroquí, ha negado siempre esta acusación de su relación con el Gobierno de Marruecos.    

En este sentido, fuentes jurídicas reconocieron que en las denuncias que se cruzan entre Marruecos y los del Frente Polisario “siempre se dicen del otro que están movidas por intereses políticos”.

La delegación del Frente Polisario en España mantuvo este martes una posición “muy prudente” respecto de la situación que puede provocar la denuncia del espionaje con Pegasus y su posible relación con la llegada de Gali a Zaragoza y el estallido de la crisis de las relaciones de Marruecos y España.

Hace un mes, el Gobierno de Sánchez modificó de manera radical su postura sobre el futuro de los saharauis y solo les dejaron la única posibilidad de alcanzar la autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos, pero sin convocar un referéndum para llegar a ser un país, como establece la ONU. El acuerdo, muy criticado, se hizo público el pasado 7 de abril entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI.

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