Por si no fuera suficiente lidiar con los coletazos de una letal pandemia, con los problemas de suministros y con la crisis de Ucrania, sufrimos en España las consecuencias de una burocracia cada vez más lenta. Los mismos ministros que jalearon a Pedro Sánchez por ‘conseguir’ una histórica inyección económica de la Unión Europea para mitigar los efectos de la covid se revelan ahora incapaces de repartirla entre los empresarios. Las convocatorias no se ajustan a los proyectos y se generan cuellos de botella a la hora de tramitarlos. Tales son los desmanes que la patronal aragonesa alerta de que se están paralizando inversiones y, si no se corrigen los errores, hay un riesgo real de que se acaben perdiendo.

No se espera, por tanto, que el_Gobierno central sea capaz de ofrecer una respuesta ágil a la petición de que se reformulen los fondos europeos para atender las prioridades que, con la crisis en Ucrania, han ido cambiando.

Nada se sabe del fondo extra que piden las autonomías, del que Aragón reclama 500 millones de euros, ni de la posibilidad de repartir entre las empresas los 70 millones del plan de solvencia empresarial que la DGA tuvo que devolver por culpa de una nefasta programación estatal.

Asistimos atónitos a una imprecisión tras otra, con muecas de sorpresa ocultas tras las mascarillas que aún portamos. Porque las empresas siguen leyendo con lupa el Boletín Oficial del Estado (BOE) para decidir si conviene retirarlas o es mejor seguir esperando. Duda, incluso, la Administración regional. Así estamos.