La Consejería de Sanidad anunció, en diciembre de 2020, un plan de choque para desatascar las abultadas listas de espera quirúrgica, agravadas por la pandemia, y sobre todo por el parón asistencial durante la primera ola, con el objetivo de alcanzar a finales de 2022 una disminución del 85% de los pacientes con demora estructural superior a 180 días. La “compleja” gestión de la covid-19, sin embargo, ha obligado a replantear esta meta inicial y a actualizar ese documento, que se marca ahora el horizonte de diciembre de 2023.

Así lo ha anunciado la consejera Sira Repollés en una interpelación planteada en las Cortes de Aragón y formulada por la diputada Ana Marín del Partido Popular para conocer las soluciones propuestas para solucionar las demoras y cumplir así con los plazos establecidos en el decreto de garantía de atención quirúrgica. El pasado mes de febrero se cerró con 31.060 personas pendientes de una operación, de las que 8.564 son pacientes con esperas superiores a los seis meses, un 4,3% menos que en enero.

La consejera ha asegurado que se ha ultimado ya la actualización del plan de abordaje de las listas de espera quirúrgica 2022-2023, que se dará a conocer una vez se cierre el capítulo económico. En su intervención en el pleno, ha trasladado su “preocupación” por esta cuestión y ha reconocido que en diciembre de 2020, cuando se presentó el plan de choque, no se esperaba una “pandemia tan larga e intensa” como la vivida, que se encuentra ahora en el final de su séptima oleada en Aragón. Y a pesar de las dificultades y de la necesidad de reservar recursos humanos y materiales para la gestión de la covid, ha dicho, se ha pasado de 83.821 intervenciones en 2020 a más de 101.000 en 2021, un 21% más. Repollés ha recordado, además, que en enero de 2022 “más de la mitad de los pacientes que tenían que realizarse una operación daban positivo en covid” lo que obligaba a cambiar agendas y “no se podían reprogramar las intervenciones”. Además, a principios de 2022 llegó a haber una media de mil profesionales cada semana de baja laboral por este virus, incluso se alcanzaron los 1.500 la semana del 17 de enero.

El plan prevé aprovechar al máximo los recursos públicos y mantener los conciertos y derivaciones con las clínicas privadas. Se han hecho programas especiales de aprovechamiento de recursos públicos y privados mediante fórmulas mixtas, de utilización de suelo quirúrgico externo, y han seguido centralizando procedimientos de baja complejidad, para liberar espacios para otros procesos: “Con esto esperamos llegar a 2023 con cifras razonables, que no impacten sobre la calidad de vida y la salud de los pacientes”.

Entre los objetivos que el Departamento espera conseguir a 31 de diciembre de 2023, según ha adelantado Repollés, estaría “no tener cirugía oncológica con demora superior a 30 días”, conseguir una “disminución del 85% de los pacientes con demora estructural superior a 180 días respecto a agosto 2020” y “no sobrepasar el tiempo de garantía de ningún proceso incluido en el decreto de garantía del plazo del Gobierno de Aragón”.

La diputada del PP, Ana Marín, por su parte, ha pedido “una explicación y una solución” al problema de las listas de espera quirúrgica que “crecen todos los días”, dijo, y que, tal y como ha destacado, "afecta de forma dramática a la comunidad autónoma". Ha exigido también respuesta a las demoras para conseguir cita en algunos centros de salud, “que en algún caso llega a los 25 días”, y a los retrasos en pruebas diagnósticas y ha recordado por qué no se renovaron los 2.628 contratos covid que finalizaron en octubre de 2021, al mismo tiempo que ha incidido en la “fuga de profesionales de la sanidad pública a la privada”. Al mismo tiempo, la diputada popular ha hecho referencia a “contratos basura” firmados durante esta séptima oleada, algunos con una “duración de días”.

Por su parte, la consejera, durante su intervención, se ha referido a que en 2013 y 2014, el gobierno del Partido Popular elaboró un plan de recursos humanos del Salud, “cuyo propósito principal era la jubilación forzosa de los profesionales sanitarios al cumplir los 65 años. Esa medida fue anulada por la Justicia y en consecuencia la administración ha tenido que indemnizar a afectados e incorporales al servicio”. Según dijo Repollés, “en esa época, ejercía de dirección de Coordinación Asistencial del Salud un médico de Familia al que se le reconoce la autoría intelectual de la medida estrella del PP, la de jubilar forzosamente a unos 700 médicos y ocasionar un perjuicio más 50 millones de euros a las arcas públicas”. Y continuó relatando que “tras haber sido afectado por su propia medida y dejar el cargo, solicitó que se le indemnizase por el tiempo que estuvo fuera del servicio: se le pagaron 120.000 euros y se le reincorporó a la actividad”. “Recientemente -añadió- ha escrito a Servicios Centrales para solicitar que cumplidos los 70 años, y teniendo en cuenta el déficit de especialistas que él mismo provocó con su medida para jubilar forzosamente, si le prorrogamos actividad hasta 75. Este es el talante de los gestores de la sanidad del PP”. Ante estas declaraciones, Marín reclamó tomar de nuevo la palabra “por juicios de valor, al dar en una tribuna pública datos de carácter privado”.