El personal de investigación de varias ciudades españolas está llamado a concentrarse este lunes en rechazo al anteproyecto de ley para reformar la Ley de la Ciencia, que, entre otras cosas, solo reconoce el derecho a indemnización por fin de contrato para este colectivo en el caso de todos los suscritos a partir de la entrada en vigor de la norma.

Esto supone "dejar fuera a todos los investigadores en activo, que llevan años luchando por ello", han explicado los organizadores de la movilización en una nota de prensa, entre ellos, el colectivo 'Personal Investigador en Formación de la Universidad de Zaragoza'.

En la capital aragonesa, la concentración tendrán lugar a las 12.00 horas, ante el Edificio Paraninfo de la UZ. En otras ciudades se celebrará a la misma hora, pero también a la 13.30 y a las 18.30.

Con el lema '#Sinderechostampocohayciencia', esta movilización coincide con la jornada en la que comparecerá la asociación FPU investiga en el Congreso de los Diputados.

Los convocantes han criticado que el Gobierno, en su reforma, "vuelve a negar" al colectivo investigador pre y postdoctoral una "mísera" indemnización, de 12 días por año trabajado, "que a duras penas les permitiría sobrevivir hasta encontrar un nuevo contrato, probablemente igual o más precario que el anterior".

Cuestiones sin abordar

Además, han opinado que la reforma introduce "avances" respecto al anterior borrador, pero deja otras cuestiones "de urgencia" sin abordar, entre otras, como la elaboración de un Estatuto del Personal de la Investigación que regule sus derechos como trabajadores y la modificación de las retribuciones mínimas en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF).

También reclaman el desarrollo de la carrera profesional del personal técnico y de gestión; la integración de todo el personal de investigación dentro de los convenios colectivos de referencia; la reversión de las externalizaciones de los servicios básicos de las universidades y centros de investigación -subcontratas-, adoptando un modelo de contratación directa "que garantice tanto el mantenimiento de sus plantillas, como el cumplimiento de los derechos laborales de su personal".

Los convocantes también piden eliminar la tasa de reposición para que todo el sector pueda crecer y estabilizarse; desarrollar un marco claro de incorporación y carrera profesional del personal de investigación en las plantillas del Sistema Nacional de Salud; y la atención y protección a los colectivos más vulnerables mujeres, inmigrantes, LGTBIQ+, personas con capacidades distintas y a las enfermedades mentales sobrevenidas ante la precariedad, inseguridad laboral y acoso.

Otras de sus demandas son la creación de una Oficina de Integridad Científica nacional e independiente, con poderes sancionadores y vinculada a la Oficina de Protección del Denunciante para proteger su identidad.

Por todo esto, han exigido al Ministerio de Ciencia que modifique el contenido del anteproyecto de ley, reconozca el derecho a la indemnización para los investigadores con contrato en vigor e integre el resto de reivindicaciones del sector de la I+D+i.