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Mariví Broto: «Protegeremos a los internos en las residencias. Vacunarse es una obligación ética y moral»

La consejera acata la decisión del TSJA de eximir a los trabajadores no vacunados de pagarse las PCR cada 72 horas y analizará las medidas a adoptar en los centros.

Mariví Broto, consejera de Ciudadanía de la DGA.
Mariví Broto, consejera de Ciudadanía de la DGA.
Toni Galán

Los internos en las residencias han sido los damnificados de la pandemia. En la actualidad, hay 52 brotes, 488 infectados y 35 hospitalizados. El PP acusa a la DGA de inacción en la sexta ola.

Me parece tan triste... Hemos tenido que modificar las órdenes, hemos tenido la preocupación de salvaguardar el bienestar emocional de los mayores, de proteger su salud apoyando a las residencias, con la vacunación. Me parece deplorable que se hagan esas acusaciones con el trabajo tan intenso que hay por parte del Gobierno.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón acaba de eximir a los trabajadores no vacunados de pagar de su bolsillo las pruebas PCR que se deben hacer cada 72 horas. ¿Entiende esta decisión?

Nosotros lo que queremos es que los trabajadores se vacunen. Desgraciadamente, no se les puede obligar. Acatamos la medida decidida por el TSJA y analizaremos las decisiones a tomar con el objetivo de proteger la salud y la vida de los residentes, las personas más vulnerables. Siempre recordando la obligación ética y moral de vacunarse. Estoy segura de que dentro de poco se exigirá vacunarse cuando se entre a trabajar en una residencia.

¿Prevé hacer obligatorio en Aragón que se esté vacunado para trabajar en una residencia?

Ahora no se puede hacer, legalmente no podemos plantearlo. Es una cuestión laboral. Estoy en desacuerdo de que no se exija.

En la última semana han fallecido 23 internos en las residencias (1.615 en toda la pandemia). ¿Se está perdiendo inmunidad? ¿Hay que agilizar la tercera dosis?

Tenemos que atenernos a criterios científicos. Si se decide que hay que administrar una tercera dosis, se debería empezar primero en las residencias porque es el colectivo más vulnerable.

¿Se plantean realizar test serológicos para analizar el grado de inmunidad de los mayores que viven en residencias en Aragón?

Hemos enviado 10.000 test de diagnóstico y tenemos hasta 30.000 prueba más. Cada residencia puede decidir cómo se utilizan.

¿Enviarán los que permiten medir la cantidad de anticuerpos?

Eso lo decide Sanidad en función de las necesidades.

¿Y está encima de la mesa hacerlo en algún centro?

No vamos a hacer programas piloto.

Ahora que hay acceso universal a la vacuna para los mayores de 12 años, ¿se plantean limitar el acceso solo a familiares con pasaporte covid?

Los internos que entran tienen que estar vacunados y recomendamos que los que salen estén en contacto solo con familiares vacunados. Cuando hay un brote, los residentes sufren más restricciones y es muy duro.

En las investigaciones iniciadas por la Fiscalía a nivel nacional, ¿hay algún centro de Aragón?

No tengo constancia, pero la Fiscalía no tiene por qué comunicármelo a mí.

La DGA solo abrió expediente al centro de Burbáguena, que registró 13 muertos, y se propuso una sanción de 15.000 euros. ¿Se han cobrado ya?

Estamos aún en el proceso de estudio de las alegaciones.

¿Se ha mantenido el control de las residencias pese a la covid?

Sí. Se han cerrado 44 centros de servicios sociales, de los que 36 eran residencias.

El último cierre fue el de la antigua Las Azaleas. ¿Están los 40 desalojados en su destino definitivo?

Están todos realojados ya. Cuando se produce el cierre de una residencia, primero hay que ser garantes de la legalidad. A pesar de lo que se ha dicho, la residencia lo sabe hace tiempo. Hemos tratado de garantizar el bien superior que es el de los internos y la tranquilidad de las familias.

Invertirán dos millones en la residencia Javalambre para ajustarla a las nuevas exigencias de la covid. ¿Llegará la inversión a todos los centros públicos?

Sí. Habrá inversiones en todas con el plan de resiliencia, que son 23 millones en 2021 y 85 en los tres próximos años. Hemos convocado ya 2,5 millones en ayudas para mejorar las instalaciones de las residencias con plazas concertadas. Queremos que las residencias tengan pequeñas unidades de convivencia con burbujas de residentes. Desde que una persona se jubila en muchos casos va a vivir la cuarta parte de su vida y hay que pensar en ellos y en los modelos de atención que les ofrecemos.

Cumplen un papel importante los hogares de mayores. ¿Podrán iniciar su actividad con normalidad en octubre o primará la cautela?

La covid nos ha dado tantas sorpresas... Estamos trabajando pensando que en octubre podremos hacer actividades normalizadas. Presentaremos el nuevo modelo de hogares para mayores.

¿Es el proyecto de teleasistencia avanzada el más importante que se afrontará con los fondos de la Unión Europea?

Es uno de los importantes. También están la mejora de las residencias, de los equipamiento con plazas concertadas, los centros para discapacitados...

¿El nuevo modelo de residencias se implantará en algún centro de nueva construcción?

Sí. Queremos hacer alguna nueva residencia con ese modelo.

¿Han decidido ya si estará en Zaragoza capital y qué capacidad tendrá?

No lo puedo decir. Tienen que ser modelos abiertos. Residencias de más de 200 ni se puede ni se deben hacer. Queremos que esté distribuida en unidades de convivencia, igual me da en un barrio que en una localidad, y que la propia residencia sea un centro de recursos para mayores. En la residencia tendríamos un centro de día, aunque bien aislado; se plantearía cómo puede ayudar al entorno con el reparto de comidas a personas con dificultades, con lavandería de personas que están en ella, con ayuda a domicilio. Con el PAP (Promoción de la Autonomía Personal), que es un servicio muy importante para mayores con grado 1 de dependencia. En Aragón está funcionando bien: hemos atendido a mil personas pese a la pandemia, y ahora lo hacemos con 410.

Además de cuidar de los mayores atienden a víctimas del drama de la inmigración. ¿Están ya en la Comunidad los nueve menores no acompañados que estaba previsto acoger enviados desde Ceuta?

Con los menores nuestra obligación es darles los mejores servicios y protegerlos. Los recibieron los técnicos del departamento, están bien, en uno de los recursos de la Administración autonómica y contentos. Tardaron un poco en llegar. Fue a mediados de julio, cuando Ceuta dijo que estaban en condiciones.

Unos 14.000 hogares aragoneses reciben el Ingreso Mínimo de Inserción, el Ingreso Mínimo Vital y demás prestaciones. ¿Cómo afecta la covid a la presión asistencial y cuánto nos cuesta?

Estamos invirtiendo unos 83 millones al año, pero con un salvedad: hasta ahora todos los recursos que llegaban para las personas en situación de vulnerabilidad los aportaba la Comunidad y con el IMV el Gobierno de España aporta unos 40 millones. Eso significa que el Gobierno se compromete para que todas las personas puedan vivir con dignidad. Me gustaría que funcionara con más agilidad. Pero hasta ahora para este colectivo no nos llegaba dinero y es un avance para ellos, para el presupuesto autonómico y para los aragoneses.

Después de dos años tan duros, ¿se ve con fuerzas para agotar la legislatura al frente de la consejería de Ciudadanía?

Sí. Me veo con fuerzas. No lo diría si no me sintiera con el apoyo de mi Gobierno, de mis compañeros. Y del equipo con el que cuento. No tenía un máster de covid. Desde el punto de vista ético y personal tengo que estar aquí. Y es difícil de entender, pero estoy contenta de estar aquí.

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