El fin de los peajes de la AP-2 supondrá un duro golpe para las arcas de once municipios

A poco más de una semana para que se ponga fin a los peajes de la autopista de Barcelona (AP-2), una infraestructura que en su tramo aragonés abarca cien kilómetros y afecta a once localidades –siete zaragozanas y cuatro oscenses–, los alcaldes se debaten entre la satisfacción por tener por fin una alternativa a la circulación por la N-II que discurre en paralelo y los interrogantes sobre cómo repercutirá en las arcas municipales el dejar de percibir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la concesionaria por el uso de las vías, cerca de dos millones de euros.

Las dudas sobre qué ocurrirá cuando se liberalice la autopista que durante los últimos 44 años ha conectado Zaragoza y el Mediterráneo van en aumento conforme se acerca ese día: el próximo 1 de septiembre. El alcalde de La Almolda, Manuel Lamenca, reconoció que recibieron una comunicación de la concesionaria Abertis, pero no han tenido ninguna notificación por parte de la Administración. Este Ayuntamiento es, después de Fraga, el más beneficiado por el IBI que reciben desde 2017, tras perder la multinacional la histórica bonificación de la que disfrutaba en el pago de este impuesto. Ingresa en torno a 300.000 euros, de un presupuesto anual que ronda 1,2 millones. "La Almolda tiene ocho pasos a nivel, y eso conlleva gastos de mantenimiento", indicó el regidor, que recordó, además, otros condicionantes añadidos a esta infraestructura, como "los vallados, los daños provocados por los conejos o la destrucción de empleo", además de "las condiciones de las nuevas empresas que vengan".

Y es que, tras la liberalización de la AP-2, la Administración General del Estado, como titular de la red estatal de carreteras, estará exenta del pago del IBI por bienes de aprovechamiento público y gratuito afectos a las carreteras. Una situación que perjudicará también, y mucho, a Villafranca de Ebro, que dejará de ingresar unos 232.000 euros. "Para un municipio de 830 habitantes, con un presupuesto de 900.000 euros, supone una gran pérdida", subrayó la responsable local, Volga Ramírez, quien auguró que será necesario recortar de otras partidas: "Nos deja en una situación complicada" porque «sin dinero no hay servicios». La alcaldesa de Pina de Ebro, Mercedes Abós, destacó por su parte que la pérdida de este impuesto compensará por la seguridad que se gana para los viajeros. Una opinión que compartió Miguel Antín, regidor de Candasnos, quien afirmó que era una noticia muy esperada para "evitar el peligro de la N-II", que acumula muchos accidentes.

Desde Bujaraloz, su alcalde, Darío Villagrasa, señaló que la liberalización de la AP-2 "inicialmente es una noticia positiva", pero "va a tener consecuencias sobre el tejido económico de la localidad, que ha crecido, ha convivido y ha estado vinculado a la nacional". "Tenemos que ser prudentes al hablar de afecciones sobre los puentes que cruzan los caminos rurales, los conejos, qué pasa con las plantillas vinculadas al territorio...". Y, sobre todo, dijo: "Seguimos manteniendo viva la reivindicación de las obras de mantenimiento de la N-II". "Hay muchos interrogantes sobre qué pasará a partir del 1 de septiembre", añadió. Para el responsable municipal de Osera de Ebro, Enrique Gómez, la pérdida del IBI, a pesar de ser el municipio que menos percibe (poco más de 30.000 €), repercutirá en las cuentas porque "es una fuente de ingresos considerable en una población con 400 vecinos empadronados". Sin contar, además, sobre cómo afectará al restaurante a pie de carretera.