El 1 de septiembre, a las 0.00, se alzarán para siempre las barreras de los peajes de la AP-2 y la autopista que durante los 44 últimos años ha conectado Zaragoza y el Mediterráneo dejará de ser de pago y se transformará en autovía. El único cambio visible para los conductores, además del previsible aumento de tráfico al ser gratuita y para evitar la peligrosa N-II, será que "se dispondrá la pertinente señalización y balizamiento en las zonas donde había barreras para que los usuarios reduzcan la velocidad al pasar por ellas", según informaron desde el Ministerio de Transportes. Los peajes se convertirán en cuellos de botella al coincidir el fin de la AP-2 con la operación retorno de vacaciones y un tráfico intenso en el mes de septiembre.

El fin de la concesión afecta, además, a quince trabajadores de Abertis en Aragón, en un tramo de 102 kilómetros que va de la Ronda Norte a Lérida. Dos de los empleados, que se encargan de los peajes, serán incluidos en el ERE que recibió este jueves el visto bueno de la plantilla y el resto, trece, continuarán con las labores de mantenimiento hasta el 30 de noviembre y serán subrogados por la nueva adjudicataria. El ERE, en total, afectará a 348 trabajadores de la AP-2, la AP-7 (La Jonquera - Salou), y las C-31, C-32 y C-33 (Montgat-Palafolls) vinculados a peaje y a los servicios centrales.

El mantenimiento de la transitada vía, que aún lo será más a partir del 1 de septiembre, estará garantizado. Lo confirman desde el Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, donde explican que "la continuidad del servicio básico de conservación y el mantenimiento de la vialidad en las autopistas, así como la explotación de las áreas de servicio existentes, están garantizados a través de un contrato de servicios hasta el momento en que se formalicen los siete contratos que se han licitado. En la AP-2 será Abertis, de hecho, la que se encargará de ello hasta el 30 de noviembre, como confirmaron fuentes de la empresa. Entre las tareas a realizar se incluirán la seguridad y la conservación de la vía.

Los contratos de conservación y explotación de carreteras de los siete sectores en que se han dividido la AP-2 Zaragoza-El Vendrell y la AP-7 Tarragona-La Jonquera "están pendientes de trámites previos a la adjudicación y a la formalización del acuerdo", según indicaron desde el MITMA. En el caso de Aragón, donde se estima un coste anual de mantenimiento de 11,2 millones más IVA cuando acabe la concesión, la oferta más valorada es la de Acciona, que incluye un canon de 4,1 millones por la explotación de las estaciones de servicio (Pina, Monegros y Fraga).

Las condiciones del ERE

Los empleados de Acesa y Invicat, las empresas de autopistas cuya concesión acaba el 31 de agosto, ratificaron ayer la propuesta final de Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En el caso de la AP-2, se hizo por 13 ‘síes’ y dos noes. En las condiciones se incluye una indemnización por despido improcedente, a la que se suman 7.500 euros por compensación de pérdida de expectativa de indemnización por jubilación para los que tengan una antigüedad superior a 12 años en la empresa. Hay, además, un convenio especial de recolocación para mayores de 55 años, un plan de recolocación externa, seguros médicos y derecho de contratación preferente en empresas de autopistas de Cataluña del grupo.