Las Cortes relegan la decisión sobre el aforamiento del Gobierno de Aragón hasta la reforma del Estatuto de Autonomía

Todos los partidos políticos con representación en las Cortes, menos Vox, han decidido vincular el debate sobre el aforamiento del presidente del Gobierno de Aragón y sus consejeros a la futura reforma del Estatuto de Autonomía. Para ello han aprobado una enmienda transaccional a la Ley del Presidente que allana el camino para aplicar el fin de los privilegios, en el caso de que prospere. Será este uno de los cambios más importantes que recoge el proyecto de ley de la Ley 9/2009, que se votará el martes en el pleno.

Los portavoces de los partidos del cuatripartito que gobierna Aragón (PSOE, PAR, Podemos y CHA) incluyeron, durante la tramitación parlamentaria, una enmienda que instaba, de forma literal, a que "el presidente y los demás miembros del Gobierno gozaran de las prerrogativas reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón, no pudiendo, durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Aragón, ser detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante delito".

Tras las críticas que suscitó este texto inicial entre los partidos de la oposición, donde PP, Cs y Vox llegaron a acusar a la DGA de intentar "blindar" parte de su aforamiento, se propuso, como alternativa, que "el Presidente y los demás miembros del Gobierno gozarán de las prerrogativas reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón". Y en esta fórmula sí se logró sellar el consenso entre siete de las ocho formaciones políticas.

Será necesario esperar, por tanto, a la tramitación en la Cámara de la reforma del Estatuto, que la pandemia está retrasando más de lo deseado. El Consejo de Gobierno tomó conocimiento en marzo del anteproyecto de ley para la reforma del Estatuto, con el doble objetivo de suprimir los aforamientos de los miembros de las Cortes y del Gobierno y mantener la representatividad provincial en la Cámara. Se informó entonces de que se iban a solicitar informes al Consejo Económico y Social de Aragón, a las secretarías generales técnicas de los Departamentos del Gobierno de Aragón, a la Dirección General de Servicios Jurídicos y un dictamen (también preceptivo) del Consejo Consultivo de Aragón. Eran los pasos previos a su aprobación en Consejo de Gobierno y posterior remisión a las Cortes para completar su compleja tramitación.

Planificación normativa anual

El proyecto de Ley de Modificación de la Ley 2/2009 actualiza, también, cuestiones relacionadas con la capacidad normativa del Gobierno. Entre los cambios se incluye la obligación de aprobar un plan anual en el que se recogerán todas las iniciativas legislativas y reglamentarias que durante año siguiente vayan a ser elevadas para su aprobación por el Gobierno de Aragón.

La propuesta normativa permitirá, si se aprueba, que se puedan volver a remitir a las Cortes proyectos de ley que habían caducado por el fin de una legislatura. Si los miembros del Gobierno aragonés entrante lo estimaran oportuno, solo necesitarían un informe de los servicios jurídicos y de las secretarías generales técnicas para solicitarlo.

También se admitirá que las iniciativas legislativas o reglamentarias puedan seguir una tramitación de urgencia, reduciendo a la mitad los plazos, simplificando la memoria, sin ser preceptiva la consulta pública previa.

La reforma de la Ley del Presidente recoge, al mismo tiempo, algunos de los cambios que se proponen en el proyecto de ley de organización y régimen jurídico del sector público autonómico, que se votará el martes en el pleno. Figura, entre ellos, que "todos los cargos de confianza cesarán cuando cese la autoridad que los nombró". También establece que "cada miembro del Gobierno podrá disponer de una secretaría particular" y que "el personal de apoyo no eventual adscrito a los gabinetes y a las secretarías particulares será designado libremente por los titulares de la Presidencia, Vicepresidencia o de los Departamentos, entre personal funcionario o laboral de las Administraciones Públicas, con arreglo a lo que dispongan las relaciones de puestos de trabajo atendiendo, en cualquier caso, a criterios contrastados de eficacia y austeridad".