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La DGA creará un registro de aragoneses en el exterior y les ofrecerá ayuda si desean regresar

Vicepresidencia impulsa una anteproyecto de ley que fijará sus derechos y sus prestaciones para reforzar los vínculos con ellos.

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Aragoneses en el exterior.
DGA

El Ejecutivo autonómico se fija como objetivo reforzar aún más los vínculos con los aragoneses que viven en el exterior. Trabaja, para ello, en un anteproyecto de ley que impulsará la creación de un estatuto que regulará sus derechos y prestaciones y que reformará el papel que cumplen las Casas y Centros de Aragón. Para el desarrollo de esta nueva norma, que se tramitará desde el área de Vicepresidencia, se ha iniciado ya la búsqueda de información para crear un registro de aragoneses en el exterior.

La Ley 5/2000, de 28 de noviembre, es la que regula las relaciones con las comunidades aragonesas en el exterior. En ella se establece que las Casas y Centros de Aragón son el cauce de comunicación con las instituciones públicas autonómicas. Y así se ha funcionado durante los últimos 20 años, reforzando una red que ha contribuido a "crear un sentimiento de identidad entre las personas vinculadas a Aragón" y actuando como "embajadoras por todo el mundo", según indicaron desde el área de Vicepresidencia, que dirige el aragonesista Arturo Aliaga.

Con el anteproyecto de ley se busca una mayor proyección. El primer paso será crear el estatuto del aragonés en el exterior, al que se podrán acoger aquellas personas que viven fuera de la Comunidad y que tienen derecho a participar en la vida cultural y social porque mantienen la vecindad aragonesa, tienen reconocida la condición política de aragonés, se han visto obligados a salir fuera o se sienten especialmente vinculados con esta tierra.

Para ello, se tiene la intención de crear un registro de aragoneses en el exterior que permita tener conocimiento de los que viven fuera y, al mismo tiempo, mantener el vínculo y facilitar la comunicación y la cercanía. Se recogerá, además, un acervo de derechos y prestaciones que les serán reconocidos en la Comunidad y, de manera específica, se atenderá el establecimiento de medidas para facilitar su retorno.

También se definirán como comunidades aragonesas en el exterior las casas y centros de Aragón y sus agrupaciones, y las entidades con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro constituidas fuera de la región que permiten hacer efectivo el derecho a la participación en la vida cultura y social de los que viven fuera.

El último objetivo que se fijan desde Vicepresidencia es reforzar el papel de las comunidades aragonesas en el exterior adaptándolo al nuevo paradigma social, cultural y económico aragonés, "en un contexto globalizado de interdependencia y creación de redes". Entre los elementos trasversales que pasarán a formar parte de su relación con ellas figurarán "la transparencia, el derecho a la participación en asuntos públicos, la incorporación de las nuevas tecnologías en las relaciones con la Administración y la consagración de los principios de igualdad y no discriminación".

Aliaga firmó el 24 de marzo la orden de inicio del proceso y encomendó a la dirección general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos la elaboración del anteproyecto y los trámites pertinentes para su aprobación como proyecto de ley. Y el responsable del área, Luis Estaún, ha iniciado ya los trámites con una entrevista con el nuevo embajador en misión especial para la ciudadanía española global, una figura de nueva creación de la secretaría de Estado de España Global del Ministerio del Exteriores. El objetivo es establecer cauces de comunicación que permitan identificar, dinamizar, conectar y apoyar a todos los aragoneses con presencia en los ámbitos empresarial y académico, en el sector público internacional, en la cooperación y la sociedad civil, la comunicación, la cultura y el deporte en todo el mundo y, de manera especial, en los países que cuenten con comunidades aragonesas en el exterior.

La elaboración del anteproyecto de ley de Aragoneses y Aragonesas en el Exterior y sus Comunidades se encuentra en estos momentos en fase de consulta en los diferentes departamentos afectados. En el proceso participativo, está previsto que intervengan representantes de Casas y Centros de Aragón para que tengan voz en la elaboración de la ley que ha de regular su relación con la Comunidad. Todo, en aras a dar cumplimiento al artículo 8 del Estatuto de Autonomía, que insta a los poderes públicos a "fomentar los vínculos sociales y culturales con la comunidades aragonesas en el exterior y prestarles la ayuda necesaria para participar, colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo aragonés".

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