La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha informado de que los nuevos pliegos para la adjudicación en 2022 del servicio de transporte sanitario urgente en la Comunidad incluyen "mejoras sustanciales" y el establecimiento de sinergias con otros centros de emergencias y la gestión unificada de distintos tipos de transporte.

Así lo ha apuntado en una comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes, a petición de Ciudadanos, para que diera cuenta, según ha expuesto la diputada de la formación naranja Susana Gaspar, de distintos incumplimientos por parte de la actual adjudicataria del servicio en cuanto al número de profesionales que deben ir en las ambulancias, el ratio del transporte vital básico así las condiciones laborales de los trabajadores.

En su turno de intervención Repollés ha advertido de que su gestión se centra en controlar la calidad de la asistencia sanitaria que es, ha dicho, lo que determina un contrato, porque para hablar de las condiciones en las que una empresa ejecuta el contrato con sus trabajadores "se trataría de una fiscalización" y en este caso en la comparecencia "tendría que estar alguien del Tribunal de Cuentas o Intervención".

"El fin de Sanidad es cómo los ciudadanos perciben o cómo se presta esta asistencia sanitaria" y "darlo a tiempo y con garantía", ha insistido la consejera, quien no obstante ha avanzado que están "abiertos a nuevas modalidades" del servicio para lo ya se están teniendo reuniones para explorar estos aspectos que no incluyen la internalización "como tal" pero sí modelos que pueden contemplar parte de esta modalidad.

Repollés ha reconocido que hay "cuestiones mejorables" y que con motivo de la pandemia de covid-19 "han salido a la luz problemas que en otras circunstancias no se hubieran detectado, pero gestionamos evidencias no opiniones y la evidencia es que no hay ningún expediente sancionador por incumplimiento de contrato".

Además, ha precisado que el que está vigente desde agosto ya tiene mejoras como la transformación de 18 ambulancias convencionales en 18 soportes vitales básicos, un recurso que permite mayor versatilidad y convertirse en soporte vital avanzado, cuya diferencia es el personal sanitario que requiere y permite realizar la atención en ruta.

Se crearon nuevos soportes vitales básicos en Utebo y Zuera, la unidad de emergencia de Foradada, la ambulancia convencional en Épila y las de Mosqueruela y Calamocha pasaron a ser soporte vital básico.

Entre los "puntos débiles" ha reconocido la ubicación de las bases operativas, que no siempre han podido ubicarse en las puertas de los centros de salud por falta de espacio o por la covid-19, y que faltaría transformar ambulancias convencionales en transporte activo o de soporte básico en avanzado.

La prestación del transporte urgente se lleva a través del centro coordinador de urgencias del 061, que tiene unos recursos que moviliza en función de criterios de gravedad, proximidad y disponibilidad y "lo importante" es que un paciente se pueda atender a tiempo y que se pueda disponer del vehículo necesario con unas isocronas, es decir, en una zona centralizada entre la base operativa del vehículo y las zonas susceptibles de producir un aviso.

Ante las críticas de todos los grupos por la falta de atención a las quejas de los trabajadores del servicio, la consejera ha reconocido que son "reivindicaciones legítimas" y que no cuestiona su derecho a exigir mejoras y el cumplimiento de sus contratos, pero ha reiterado que es un aspecto que "tiene que dirimir la empresa con sus trabajadores", ya que si la administración se "entrometiese" en la negociación colectiva incurriría "en un delito".

"El papel de la administración está muy limitado; más allá de establecer un techo de gasto y una equiparación salarial incluida en los pliegos de condiciones no se puede realizar ningún otro tipo de intervención en el convenio colectivo", ha advertido Repollés, quien no cuestiona que las reclamaciones de los trabajadores sean justas.

También ha reconocido la inquietud por la posibilidad de que Acciona deje la sección de las ambulancias, pero como administración ha subrayado que "no supone argumento jurídico para extinguir el contrato".

La consejera ha cuestionado tener que publicar en el portal de transparencia todas las reuniones y mesas técnicas que se realizan y a la petición de Susana Gaspar de convocar comisiones de seguimiento de cumplimiento de los contratos, ha informado de que "ya se está haciendo" para analizar los nuevos pliegos y que desde marzo de 2020 se estableció la comisión de seguimiento con carácter mensual y aunque no se ha reunido las veces que debería por la pandemia, ha informado de que en la misma se habla de incidencia y mejoras.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, le ha acusado de "indolencia" y le ha espetado que "ni se presta un servicio de calidad ni en condiciones dignas en materia laboral" y le ha pedido que "no se escuden en la externalización para no garantizar determinadas cuestiones que son responsabilidad suya, incluido el 061".

Esther Peirat, del PAR, ha reconocido que "algo no está funcionando como debería" y también ha abogado por estudiar el modelo para garantizar la prestación del servicio.

Desde Vox, Santiago Morón, ha compartido que lo principal es la calidad del servicio pero ha reconocido que "con la situación en que se encuentran las bases y la cantidad de servicios localizados es imposible mantener esas isocronas".

Isabel Lasobras, de CHA, ha dado cuenta de la preocupación que les han trasladado los trabajadores e incumplimientos y ha abogado por dotar al servicio de mejores medios técnicos y laborales, un aumento de vehículos de urgencia y logística y de valorar en su conjunto a la población porque "la localización penaliza a las zonas rurales".

Desde Podemos, Itxaso Cabrera apuesta por la internalización de un servicio básico como es el transporte sanitario urgente, control de los medios materiales y humanos y una gestión desde lo público.

La popular Ana Marín del PP cree que se han evidenciado una serie de cuestiones que no se están cumpliendo, porque el contrato "desde la raíz salió viciado" y "llueve sobre mojado" ya que a su juicio es "un problema que se repite hasta la saciedad y que el Gobierno de Aragón no ha atendido".