El reto de hacer frente a un virus que sacudió el sistema de salud

A finales de febrero y principios de marzo de 2020 se empezó a hablar de una enfermedad que el día 6 de ese último mes provocó la primera muerte en Aragón. Entonces se habían confirmado ocho casos positivos. La covid-19 se convirtió en pocas semanas en pandemia y terminó monopolizando todo el sistema sanitario, que pasó de la noche a la mañana a tener que enfrentarse a un virus tan letal como desconocido sin apenas información ni recursos ni medidas de protección.

De un modo vertiginoso, y sin tiempo para asimilar los cambios que el SARS-CoV-2 estaba provocando en la sociedad, comenzaron a crecer imparables los contagios y, en consecuencia, las demandas de atención médica. Los centros de salud, el primer muro de contención de la enfermedad, se blindaron para evitar la propagación de la infección, primando las citas telefónicas. Se redoblaron entonces las consultas en las urgencias hospitalarias y las llamadas al servicio del 061 Aragón, que al principio se desplazó por los domicilios para realizar las pruebas PCR. Conforme la pandemia se descontrolaba, se hizo necesario activar nuevos protocolos para hacer frente a la creciente presión sanitaria por la covid-19. El aumento de casos que requerían ingreso obligó a los hospitales a reservar plantas enteras para esta patología, activar dobles circuitos y mantener zonas libres de covid. Todo eso mientras se batallaba en primera línea, con escasos equipos de protección individual y con pocas evidencias sobre tratamientos.

En la primera oleada, en primavera, con la gente confinada en sus domicilios, se redujeron los accidentes de tráfico y laborales. La actividad hospitalaria se centró en la covid y las ucis se empezaron a llenar con pacientes de esta patología, con estancias medias largas, de 21 días, que comprometían las plazas disponibles. La necesidad de reservar recursos y personal para atender tanto las hospitalizaciones convencionales como las unidades de enfermos críticos obligó a reducir la actividad quirúrgica y a reconvertir espacios de reanimación postanestésica en puestos de intensivos. A la larga, este parón en los quirófanos hizo que se disparasen las listas de espera, ya de por sí abultadas. En agosto, cuando se dieron las cifras oficiales de los meses anteriores, ya había 10.994 aragoneses que llevaban más de seis meses esperando una intervención. En febrero, antes de que se desatase la pandemia, este dato se situaba en 3.478. En diciembre, el Departamento de Sanidad presentó un plan de choque para atajar esta demora estructural superior a los 180 días. El objetivo: reducir un 85% las listas de espera a finales de 2022 inyectando unos 27 millones de euros. El último dato publicado, de enero de 2021, evidencia que hay 8.364 enfermos pendientes de una intervención. Ante las sucesivas ondas epidémicas, el reto del Servicio Aragonés de Salud fue no volver a interrumpir las operaciones, reforzando la Cirugía Mayor Ambulatoria y estableciendo convenios con las clínicas privadas para derivar intervenciones.

Las ocupación de las ucis es uno de los indicadores más preocupantes en esta crisis sanitaria, con cifras elevadas de ingresos desde verano. Los profesionales de la salud han venido alertando desde el principio de la pandemia de la carga de trabajo, el esfuerzo emocional y la falta de personal. Con las bolsas de médicos y enfermeros a cero, las bajas de trabajadores y las vacaciones, el sistema todavía se tensionó más. Para atender esta emergencia, que ha llevado al límite al sistema de salud, Sanidad tendrá este 2021 el mayor presupuesto de su historia:2.328 millones de euros, un 12,35% más que en 2020. El reto es hacer frente a las consecuencias de la covid. Se prevé reforzar la telemedicina y la salud mental, propósito este último que ya destacó la consejera, Sira Repollés, en su toma de posesión en mayo, tras sustituir a la anterior titular de la Consejería, Pilar Ventura, que dimitió tras unas desafortunadas declaraciones. Se pretende así atender el aumento de las nuevas patologías que han aparecido con la crisis sanitaria, como el síndrome del estrés postraumático. El miedo al contagio, la tristeza o la incertidumbre han provocado episodios de ansiedad y depresión y han dejado tras de sí secuelas emocionales en la población y entre el personal sanitario y sociosanitario. La intensidad de luchar contra la covid, en un primer momento, deja paso después a un daño psíquico que habrá que abordar.

El coronavirus ha afectado a todo el sistema de salud, y también ha repercutido negativamente en la actividad de trasplantes y donaciones. En Aragón, se ha reducido en torno a un 40% este año. En la Comunidad, hasta el 30 de noviembre, se habían realizado 63 trasplantes –sumando renales, hepáticos y cardíacos– frente a los 104 de 2019, un 39% menos. Y, en cuanto a las donaciones procedentes de cadáver, hasta esa fecha se registraron 27, una disminución del 45% en comparación con las 49 del año pasado. Tendrá que pasar un tiempo para recuperar el nivel habitual. Una normalidad que tampoco se ha alcanzado todavía en los centros de salud, que siguen manteniendo en parte la actividad telemática, que prima por encima de la presencial, que marcaba el ritmo de trabajo en la era precovid. Reforzar la telemedicina como una forma de cohesionar el territorio es otro de los objetivos del Departamento de Sanidad este 2021, con la pandemia del coronavirus marcando la agenda. Un sistema de trabajo al que se tuvieron que amoldar de la noche a la mañana para frenar los contagios en esta emergencia sanitaria, y mientras continuaban con las consultas, las labores de rastreo o la toma de muestras PCR, que obligó a transformar los centros y a reservar unos horarios específicos. En octubre llegó la campaña de la gripe, un esfuerzo añadido. Las autoridades sanitarias hicieron un llamamiento para aumentar las coberturas ante el riesgo que supondría la coinfección de ambos virus.

En plenas Navidades comenzó una ambiciosa y compleja campaña de vacunación contra la covid-19, que exige una exhaustiva planificación, priorizando a los mayores que viven en las residencias. Le siguieron los profesionales sanitarios. La DGA cuantifica que hay unos 35.000 entre el personal del sistema público (alrededor de 27.000) y privado. La esperanza está puesta en inmunizar al mayor número de personas en el menor tiempo posible, con la meta de haber llegado al 70% de la población aragonesa cuando finalice el verano.  

HERALDO ofrecerá el día 14 un especial sobre el año transcurrido desde la declaración del estado de alarma.