educación
La concertada vuelve a la calle en un último intento de paralizar la ley Celaá
Los convocantes aspiran a reeditar hoy el éxito de noviembre, cuando se movilizaron unos 5.000 coches
La escuela concertada de Aragón ha vuelto a movilizarse desde las 11.00 de hoy para intentar paralizar ‘in extremis’ la aprobación de la nueva normativa educativa, también conocida como ley Celaá. El día 23 llegará al Senado y, si no se aprueba ninguna enmienda, se convertirá en ley. Esta es la segunda convocatoria, que se hace como parte de la plataforma Más Plurales, y los convocantes esperan reeditar el "éxito" del pasado noviembre, cuando unos 5.000 vehículos salieron a las calles en las tres capitales de provincia aragonesas y también en la localidad turolense de Alcañiz.
Estos mismos puntos serán hoy epicentro de una marcha que pide «diálogo» con la comunidad educativa ante la aprobación de un nuevo texto normativo. «Desde la plataforma se solicitó una reunión con Pedro Sánchez, pero no nos ha recibido», lamenta Concepción Ibáñez, presidenta de la Federación Cristina de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fecaparagón).
La eliminación de la demanda social es la principal preocupación, aunque también critican que se apruebe en medio de una pandemia. «Esperamos que surta efecto y se pueda demorar y hablar», afirma José Luis Sampériz, secretario general de Escuelas Católicas de Aragón. Desde su punto de vista, una tramitación «tan rápida» solo contribuye «a debilitar la ley antes de nacer».
Esta movilización –indica José María Marín, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Aragón– muestra la «unanimidad de toda España», al estar secundada por todas las comunidades, a excepción del País Vasco. «La unidad es algo muy serio y se ha logrado», puntualiza.
La representante de la Federación de Enseñanza de USO Aragón, Lima San Nicolás, confía en que tenga la misma repercusión o más que la anterior, puesto que se ha levantado el confinamiento de las capitales de provincia, lo que permite que lleguen vecinos de localidades cercanas. «Solo por volver a salir ya es un éxito», subraya.
Diálogo y pactos
Todos ellos coinciden en lamentar que el Gobierno de España no sea capaz de alcanzar pactos ni de dialogar, como sí que hace el de Aragón. «Tenemos mucha suerte porque aquí sabemos que las puertas del Departamento de Educación están abiertas para dialogar», puntualiza Miguel Malla, secretario general de FSIE Aragón.
La preocupación reside en que, con esta legislación aprobada, cualquier partido que llegue al Gobierno de Aragón podría aplicarla. «Aunque la relación en la Comunidad es buena, nos vemos en la obligación de secundar la movilización porque la ley abre la puerta a eliminar la elección de centro educativo y dependerá quien gobierne», puntualiza Sampériz.
