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Aragón

VIVIENDA

Las primeras ayudas de alquiler por la covid que esperan 2.199 familias se darán este mes

La DGA achaca la demora a que buena parte de las solicitudes carecen de la exigida documentación.

Vista aérea de edificios de viviendas y oficinas del centro de Zaragoza
La mayoría de las solicitudes presentadas corresponden a inquilinos de Zaragoza. 
José Miguel Marco

El Gobierno de Aragón resolverá al fin las primeras ayudas de alquiler dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad económica por la crisis sanitaria, que acumulan 2.199 solicitudes desde que se abrió el plazo hace casi tres meses. La directora general de Vivienda, Verónica Villagrasa, aseguró que en dos semanas se procederá al pago a una veintena de beneficiarios de Zaragoza y Huesca y que la pretensión es resolver el resto sin llegar a agotar el periodo establecido en la convocatoria, que se alarga hasta diciembre.

La DGA hizo la convocatoria por concesión directa con el objetivo de agilizar el abono de las ayudas a los que cumplían los requisitos conforme presentaban sus instancias, pero una vez más se ha demorado la tramitación administrativa. De hecho, se llegó a anunciar que las primeras ayudas, de entre 300 y 600 euros mensuales en función de las rentas del municipio, se entregarían hace dos meses. El periodo de cobertura se alargará seis meses, el periodo comprendido entre abril y septiembre, y su concesión es compatible con otras ayudas, aunque su cuantía se limitará al dinero que reste para cubrir el 100 % de la renta.

Verónica Villagrasa apuntó que las primeras resoluciones pueden parecer pocas, pero subrayó que se han encontrado con el problema añadido de que buena parte de los solicitantes no han presentando toda la documentación exigida. Hasta diecisiete justificantes deben reunir, desde el contrato de arrendamiento y el libro de familia hasta el documento de cesión de derecho al cobro o una nota simple del registro de índices del Registro de la Propiedad.

En este sentido, indicó que se podrían haber descartado directamente, pero que han optado por requerir su subsanación con el fin de atender el máximo número posible.

El plazo para pedir ayudas expira a finales de mes, aunque a estas alturas ya se han registrado por vía telemática 2.199 solicitudes en la aplicación creada por la DGA, de las cuales se han presentado formalmente 1.098. La mayor parte corresponden a la provincia de Zaragoza (1.785), seguidas por las de Teruel (215) y Huesca (199). No obstante, Villagrasa explicó que puede haber varias solicitudes cumplimentadas por una misma persona a las que les da un número web distinto y otros que la cumplimentan y no la presentan al no reunir los requisitos.

La directora general de Vivienda argumentó que el 60% de las solicitudes de Zaragoza no han presentado la documentación esencial que se solicitaba, como la ficha de terceros del propietario del inmueble al que debe pagarse. "Estamos llamando uno a uno para no desestimar el expediente y evitar que, para que puedan optar a las ayudas, tengan que volver a presentar todo", añadió.

La convocatoria autonómica dispone de una dotación presupuestaria de 6,4 millones de euros, por lo que la directora general está convencida de poder atender la mayoría de las solicitudes que cumplan los requisitos. De hecho, si la concesión máxima puede alcanzar los 3.600 euros, hay crédito suficiente como para cubrir a casi 1.800 familias en situación de vulnerabilidad económica por la covid. 

La demora sigue castigando a los beneficiarios de la línea general

La Dirección General de Vivienda sigue pagando con un monumental retraso la línea general de ayudas al alquiler, un problema que no se ha logrado subsanar en los tres años que se alargan los pagos de la convocatoria vigente. Su responsable, Verónica Villagrasa, aseguró a este diario que sus más de 3.000 beneficiarios percibirán las dos primeras mensualidades de este año antes de que acabe septiembre, aunque no le puso fecha al cobro del resto.

Villagrasa es consciente de la indignación de los afectados, que atraviesan serias dificultades económicas, pero indicó que existe un "cuello de botella" en Intervención, ya que solo una persona visa todos los trámites del departamento. "Hay una serie de filtros garantistas en la Administración que no podemos saltarnos, aunque no quiero dar excusas y me responsabilizó de la situación", dijo.

La pretensión de la directora general de Vivienda es cerrar convenios con el Colegio de Registradores y la Seguridad Social, entre otras entidades, para simplificar el proceso y no haya que presentar tanta documentación que luego deba visarse.

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