La DGA ofrece a sus empleados que teletrabajen cuatro días a la semana y vayan uno a la oficina para poder conciliar

El Gobierno de Aragón negocia con los sindicatos de la Administración General un plan de teletrabajo que facilitará la conciliación a los funcionarios con hijos menores de 12 años o con mayores dependientes a su cargo que lo soliciten. En aquellos puestos que no requieran asistir a diario al trabajo, ofrece que los empleados puedan teletrabajar cuatro días a la semana y acudir el quinto a la oficina, para desarrollar la jornada de manera presencial junto al resto de sus compañeros.

Unos 3.000 trabajadores ocupan puestos susceptibles de beneficiarse del teletrabajo, aunque desde Función Pública se tiene la impresión, a tenor de lo ocurrido en empresas privadas, de que solo entre el 5% y el 10% podría solicitar su adhesión al plan.

A diferencia del acuerdo nacional pactado por CSIF, UGT y CIG con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que limita su vigencia al tiempo que dure la crisis sanitaria de la covid, la propuesta que prepara la DGA nace con voluntad de continuidad y se ajustará al plan que, a medio plazo, quiere pactar el Gobierno con las autonomías, y también a situaciones de excepcionalidad como la actual.

Uno de los puntos a dilucidar en la negociación en Aragón es definir quién aporta el equipo informático y la conexión a internet, y cómo se garantiza la seguridad en las comunicaciones. Algún sindicato anuncia ya que debe ser la Administración la encargada de aportar el material a los empleados. Abogan, además, por que se eleve el límite de edad de los menores a cargo de los 12 a los 14 años, como se plantea a nivel nacional.

La DGA, por su parte, tiene previsto incluir mecanismos que permitan evaluar la experiencia. Hasta que se inició la pandemia, el teletrabajo se había limitado a experiencias piloto. Tal es así que al inicio del estado de alarma había funcionarios que se llevaban trabajo a casa y tenían que regresar presencialmente a su puesto cuando completaban las tareas hasta que la aplicación de soluciones telemáticas permitió acceder de forma segura al sistema informático.

De ahí que algún sindicato denuncie que se trata de una "Administración presencialista, donde se valora más el fichaje que el cumplimiento de las obligaciones".

Los representantes de los sindicatos recibieron la propuesta de la Dirección General de Función Pública el miércoles, y en breve comunicarán cuáles son sus propuestas. Ni ellos ni la Administración quieren que el acuerdo se demore. Más, teniendo en cuenta el malestar que suscitó el regreso al trabajo presencial, que algunos consideraron un tanto precipitado.

Desde inicios de junio, el 100% de los trabajadores públicos (56.545, de los que 12.422 son de la Administración General) han vuelto al trabajo con normalidad, a expensas de que se acaben de resolver los expedientes sobre la situación de vulnerabilidad de los cerca de 800 empleados que reclamaron esa condición.