El transporte de viajeros en autobús teme por su futuro. Unas 50 empresas en Aragón, que cuentan con 800 vehículos y un millar de trabajadores, están en riesgo de quiebra tras el parón realizado como consecuencia del estado de alarma dictado para prevenir la expansión del coronavirus. Así lo denunciaron ayer las asociaciones Apymebus y Areabus (que aglutinan el 95% de empresas de transporte discrecional de viajeros en autocar en la comunidad autónoma), que mostraron su «gran malestar y preocupación por el olvido» de su situación en esta crisis.

Estas organizaciones forman parte de Direbus, patronal de ámbito nacional que señaló que, según sus estimaciones, más de 40.000 autocares se encuentran varados en todo el país «sin saber cuándo y cómo podrán volver a salir a trabajar», lo que se traduce en una incertidumbre para cerca de 70.000 profesionales. También apuntó que la pandemia ha provocado que unas 3.000 empresas estén sufriendo una «caída total de ingresos, aplicación de ERTE por fuerza mayor a la práctica totalidad de sus plantillas y pagos que atender a entidades financieras y administraciones públicas».

Como forma de paliar esta situación, estas entidades, a través de un comunicado firmado Antonio Carretero y David Martínez, presidentes de las asociaciones Apymebus-Aragón y Areabus respectivamente, plantean varias medidas encaminadas a «dar oxígeno para sobrevivir» a las compañías del sector. En este sentido, reclaman «líneas especiales de financiación con avales ICO para el sector discrecional y turístico para refinanciar las empresas» y renovaciones de los contratos de ‘leasing’, ‘renting’, préstamos o seguros. Sobre esto último, apuntan que se podrían conceder «carencias durante el tiempo de inactividad, acordes con la reducción de los riesgos dado que los vehículos están parados».

Por su parte, piden que los expedientes de regulación temporal de empleo sean «más flexibles» y que se concedan «ayudas y subvenciones por parte de las diferentes administraciones públicas para renovación de flotas y para gasoil». A este respecto, estas entidades recuerdan que sus inversiones «sustentan el sector industrial de la fabricación y carrocería de autocares», a través de las renovaciones de sus vehículos.

A su vez, reclaman bonificaciones por parte de los ayuntamientos en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, así como «exenciones y deducciones fiscales en el impuesto de sociedades si se renuevan flotas» y medidas de «ampliación de utilidad de vehículos compatibles con la rentabilidad, el medio ambiente, la seguridad y las ITV». Subrayan también la importancia de los pagos «en menos de 60 días de las indemnizaciones derivadas de la suspensión de los contratos de regular especial o de la disminución de servicio en regular general» y la «prórroga de los contratos públicos suspendidos».

En la misma línea, la Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros de la provincia de Huesca lanzó también ayer un SOS y ha reclamado el «apoyo urgente e implicación» de todas las administraciones ante la «incertidumbre» que pesa sobre el sector. Si no se toman medidas, recalcaron, están en peligro decenas de empleos en la provincia.

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