El Plan Miner crea empleo pero no desarrollo suficiente para mantener población

El Plan Miner ha contribuido a la mejora de las infraestructuras municipales y de forma parcial al desarrollo local y al empleo, con la implantación de industrias o servicios turísticos, pero no se ha logrado el desarrollo económico suficiente de las comarcas afectadas ni ha sido eficaz para el mantenimiento de la población en las mismas.

Estas son algunas de las conclusiones del Informe de fiscalización de los Planes Miner en Aragón 2010-2017 elaborado por la Cámara de Cuentas y hecho público este martes, que cifra en 418 millones de euros las subvenciones concedidas en este tiempo.

De ellos, 320 millones de euros fueron para infraestructuras y 83 millones para proyectos empresariales que han atraído una inversión total de 598 millones y permitido la puesta en marcha de 259 iniciativas y la creación de 2.012 puestos de trabajo. A estas ayudas se suman los 14,8 millones del Plan alternativo al Miner financiado con recursos propios del Gobierno de Aragón.

El 49 % del total de las ayudas a infraestructuras se ha destinado a la construcción y conservación de carreteras y a las obras hidráulicas de depuración y abastecimiento, mientras que el 51 % restante se divide en áreas industriales y de servicios, sobre todo la construcción de polígonos industriales (28 %), proyectos de hostelería y turismo (8 %) y la construcción del gasoducto (7 %).

Los auditores de la Cámara señalan que el Plan Miner ha financiado el 10 % de la inversión total en carreteras de Aragón entre 1999 y 2010, porcentaje que se eleva al 19 % en la provincia de Teruel.

Es en el campo de las infraestructuras hidráulicas donde se localizan los dos proyectos más cuantiosos del Miner: el recrecimiento del embalse de Santolea y la construcción del embalse de las Parras, con una inversión prevista de 27,9 millones de euros, y la elevación de aguas del Ebro a Andorra, con una inversión prevista de 27 millones y que 17 años después del inicio e invertidos 25 millones, no ha concluido. 

Respecto a los proyectos empresariales, el 27 % se ha destinado a la industria agropecuaria, hortofrutícola y alimentaria, el 24 % a empresas de áridos, excavaciones, gas y minerales y el 14 % a la industria del papel.

Destaca en este punto el informe que se ha sobredimensionado el suelo acondicionado para la instalación de explotaciones ganaderas, en algunos casos sin ocupación, como sucede en Andorra, donde se invirtieron 2,4 millones de euros.

Además, considera que la construcción de los complejos de aguas termales de Ariño y Segura de Baños sí han contribuido a una mayor empleabilidad en los municipios en los que se localizan, pero no a fijar población.

Según el informe, de los 87 municipios susceptibles de recibir estas ayudas han sido receptores 58 y solo 17, definidos como muy afectados, han recibido ayudas de las dos líneas del plan.

Por provincias, las ayudas se han concentrado en Teruel, especialmente en las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Cuencas Mineras y Bajo Aragón, con el 61 % del total y 236,5 millones de euros, mientras que las provincias de Huesca y Zaragoza han recibido subvenciones para proyectos empresariales concentrados en los municipios de Fraga, Caspe y Mequinenza.

En total, la población beneficiada con este plan en las tres provincias asciende a 81.260 personas, según el informe de la Cámara de Cuentas.

Entre las recomendaciones realizadas por los auditores destaca en la línea de ayudas a proyectos de infraestructuras hacer un seguimiento de las actuaciones y estudiar las ventajas y aportaciones que una iniciativa determinada supondrá a la zona en la que se desarrolla.

A su juicio, es fundamental reflexionar sobre los efectos de planes anteriores y estudiar la situación económica y laboral de las zonas afectadas para estructurar cada nuevo plan con las medidas que verdaderamente pueden impulsar la zona y acompañarlas de actuaciones adicionales que hagan más atractiva la inversión al sector privado.

No obstante, apunta que ya se han seleccionado los nuevos proyectos del plan 2013-2018, cuya ejecución aún no ha comenzado, por lo que la Cámara de Cuentas solo puede recomendar su seguimiento exhaustivo.

Este informe ya ha sido remitido al Gobierno y a las Cortes de Aragón para su análisis por la ponencia designada para ello.