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Corrupción: El hartazgo ciudadano lleva a los partidos a reforzar las sanciones y el control

El caso Plaza y la Operación Molinos, aún pendientes de sentencia judicial, figuran entre las más de dos mil presuntas tramas de corrupción que se han investigado en los juzgados españoles en los últimos 19 años.

Los principales acusados en el caso Plaza, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza
Guillermo Mestre

Gürtel, Púnica, Palau, ERE, Púnica, Lezo, Pokemon, Guateque, Campeón, Auditorio... Así se denominan algunos de los casos más graves de corrupción política que se han registrado en el país en los últimos 19 años. Estos procesos, más de 2.000 este siglo, generan desafección política en una ciudadanía que sigue incluyendo la corrupción entre sus principales preocupaciones. Su importancia es tal que motivó un relevo en la Presidencia del Gobierno al prosperar la moción de censura que impulsó el socialista Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy por la sentencia de la Gürtel. Transparencia Internacional mide el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) y, en 2018, sitúa a España en la posición 41 de los 180 países analizados.

La Operación Molinos y el caso Plaza, juzgados y vistos para sentencia, son los más importantes investigados en Aragón. Pero no los únicos. A finales de 2012, más de treinta personas con responsabilidades políticas en diferentes partidos o en puestos relevantes de la Administración estaban inmersas en procedimientos judiciales vivos. Y la situación fue a peor un año después cuando la Fiscalía Anticorrupción llegó a las oficinas centrales de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) y puso en marcha una operación en la que había, de inicio, veinticinco acusados por un supuesto fraude a las arcas públicas de 140 millones por sobrecostes de obras no ejecutadas y contratos amañados entre la gerencia, empresarios, familiares y directivos de la UTE (Acciona-MLN), que gestionó los trabajos de urbanización.

Una de las vías que permiten combatir la corrupción es la transparencia. Y una de las medidas más efectivas ha sido exigir a los cargos políticos que hagan públicas sus declaraciones de bienes cuando toman posesión del cargo y cuando son cesados para que los ciudadanos puedan comprobar que no se han enriquecido de forma ilícita durante su paso por la política. También supuso un importante avance la imposición, por ley, de que se informe sobre "todos los contratos formalizados", con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación y del procedimiento utilizado, si se publicitó.

El goteo constante de casos de corrupción llevó a los partidos políticos a implantar medidas de regeneración democrática, que llegan a incluir como máximo castigo la expulsión y la suspensión de militancia de los imputados en procesos judiciales. Unos exigen el cese en el momento en el que se inicia la investigación; otros cuando resultan encausados por delitos de corrupción.

También se posicionan, en este caso todos los partidos, a favor de suprimir los aforamientos de los que se benefician unos 17.600 políticos en todo el país y que les permite, en el caso de ser imputados por un delito, ser juzgados por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal.

En Aragón, el 14 de agosto de 2013, la Fiscalía Anticorrupción llegó a las oficinas centrales de la plataforma logística de Zaragoza (Plaza). Cinco años y medio después y tras cerrar acuerdos ventajosos con 22 acusados, Anticorrupción utilizó el reconocimiento que hicieron de los delitos que les atribuía para dirigirlo contra los únicos tres que no se conformaron: el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco y los empresarios Miguel Ángel Floría y Agapito Iglesias, aún pendientes de sentencia.

En el caso de la Operación Molinos, se sentaron en el banquillo 43 personas, de las que 32 fueron condenadas, con penas de cárcel que sumaban 97 años de cárcel y multas millonarias. Más tarde se ordenó repetir el juicio a la exalcadesa de La Muela, María Victoria Pinilla, y otros seis acusados.

Blindar a los denunciantes es clave para combatir la corrupción política. Y es lo que decidieron hacer las Cortes de Aragón al aprobar la Ley 4/2017, de Integridad y Ética Públicas. La nueva norma recogía la puesta en marcha de una Oficina Anticorrupción, que tendrá que esperar a la próxima legislatura. Su función será inspeccionar posibles casos de uso irregular de fondos públicos y actuar contra el fraude, la corrupción y el clientelismo. Los informes para su puesta en marcha ya están listos, y cifran su coste en unos 400.000 euros. El problema está en que los partidos no fueron capaces de ponerse de acuerdo para elegir al director, que debe ser apoyado por tres quintos de los diputados aragoneses, y dos subdirectores, que requieren mayoría absoluta.

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