La infancia en la agenda política
A pesar de que estamos atravesando sin duda uno de los periodos más convulsos de la reciente historia democrática en nuestro país, con fuertes disputas entre los partidos y la práctica imposibilidad de alcanzar acuerdos en casi ningún tema, hay uno que ha conseguido el consenso de todas las fuerzas políticas, y no es otro que la infancia.
En Aragón, todos los partidos con representación parlamentaria y Unicef firmaron en 2014 el Pacto por la Infancia, en el que se recogía la necesidad de poner en valor el diseño de políticas destinadas a la infancia en todas las esferas de la Administración, priorizando aquellas que tuvieran que ver especialmente con la lucha contra la pobreza y la exclusión infantil, la eliminación o reducción de los riesgos sociales y económicos que afectan a los niños y niñas. Dicho Pacto, al que posteriormente se unieron los nuevos partidos que entraron en la escena política aragonesa en 2015, preveía la puesta en marcha de una Comisión de Seguimiento, coordinada por Unicef, con la tarea de asegurar que las intenciones rubricadas por los partidos se convirtieran en políticas reales a lo largo de la legislatura. Como parte de este trabajo, Unicef elaboró en 2017 el ‘I Informe de situación de la infancia en Aragón’, en el que se destacaba la inadmisible cifra de que uno de cada cuatro niños aragoneses se encuentra en situación de riesgo de pobreza.
Estos datos, que han sido posteriormente corroborados por otros informes, como el del Observatorio Aragonés de la Desigualdad, no han servido para poner en marcha medidas legislativas encaminadas a su corrección, aunque sería injusto no reconocer la inquietud del Gobierno de Aragón en esta materia, ya que durante estos últimos años ha mejorado las dotaciones de algunas partidas, como las de las becas de comedor, y en general ha recuperado la inversión en sanidad y educación a los niveles previos a la crisis, lo que sin duda tendrá un efecto positivo, aunque todavía insuficiente, en la infancia aragonesa. Sin embargo, se han quedado en el tintero otras cuestiones verdaderamente eficaces para combatir la desigualdad en la infancia, y más concretamente la puesta en marcha de un mecanismo de prestaciones por hijo a cargo, similar al que existe actualmente en la mayor parte de economías de la zona del euro, y que, por las peculiares características de vertebración territorial en España, podrían asumirse perfectamente en nuestra comunidad autónoma, mejorando decisivamente las condiciones económicas de las familias con menos ingresos con una inversión inferior al 1% del presupuesto autonómico.
Pero no todo el esfuerzo ha sido en balde. Ayer todos los partidos con representación firmaron en las Cortes de Aragón un compromiso para la puesta en marcha de algunas medidas encaminadas a aumentar el bienestar de los niños y niñas aragoneses en los ámbitos de la educación, la protección y la sanidad. De todas ellas quiero detenerme especialmente en la promoción de la educación de 0 a 3 años, a fin de convertirla en una etapa de carácter universal y gratuito. Según el acuerdo firmado, el próximo Ejecutivo de la Comunidad deberá promover la universalización gratuita de las enseñanzas del primer ciclo de educación infantil, a fin de que cualquier familia que quiera escolarizar a su hijo o hija durante esta etapa de su vida no sufra ningún tipo de obstáculo por motivos económicos.
Un acceso temprano a la educación permite que los niños y las niñas que nacen y crecen en entornos más desfavorecidos tengan las mismas atenciones y recursos que otros niños de su edad, eliminando desde el primer momento de sus vidas las barreras que de otra manera lastrarán su horizonte personal, laboral, social y económico.
Con la puesta en marcha de medidas como esta, junto con el resto de las aprobadas por nuestros representantes en las Cortes, Aragón da un paso importante, pero no definitivo, en la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo futuro de nuestra infancia. La continuidad del Pacto por la Infancia y el trabajo de Unicef en este ámbito de incidencia política garantizarán que las próximas legislaturas sigan siendo igualmente productivas en este ámbito, y que Aragón se convierta en un referente en la defensa y protección de los derechos de las niñas y los niños de nuestra tierra.
